El Tribunal del Vaticano prepara el proceso al cardenal Becciu y sus colaboradores por la inversión en Londres
Añade un tercer fiscal, especialista en comercio, para llevar a juicio a los siete implicados
El Tribunal del Vaticano -que se «rodó» en causas penales con dos grandes juicios por fugas de documentos al final del pontificado de Benedicto XVI y durante la reforma económica de Francisco-, está preparando el proceso al cardenal Angelo Becciu junto con cinco de sus colaboradores y el antiguo director de la Autoridad de Información Financiera, según han dado a entender este lunes fuentes vaticanas. Al mismo tiempo, subrayan la importancia de respetar la presunción de inocencia.
A su vez, la Oficina de Prensa del Vaticano ha anunciado el nombramiento de un nuevo fiscal, experto en la materia, cuyo trabajo reforzará de modo notable el de los dos ya existentes , Gian Piero Milano y Alessandro Diddi. Se trata del jurista Gianluca Perone, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Tor Vergata, de Roma. Es la persona idónea para desembrollar tramas financieras internacionales.
Inevitablemente, el proceso dará mayor visibilidad al escandalo de las desastrosas inversiones de unos trescientos millones de euros de los fondos reservados de la Secretaría de Estado en inmuebles de lujo en Londres, pero es el único medio de hacer limpieza en la propia casa utilizando las instituciones civiles del Estado del Vaticano: la Gendarmería, los fiscales y el Tribunal.
Como vicesecretario de Estado de 2011 a 2018, Becciu era el «numero tres» del Vaticano en un cargo similar al de jefe de gabinete pues supervisa la actividad de todos los departamentos y dispone de los fondos reservados - por valor de unos 700 millones de euros -, entre los que circulan cada año los donativos del Óbolo de San Pedro.
Durante siglos, los errores o delitos de altos cargos de la Curia se resolvían a puerta cerrada, sin intervención de policías, fiscales ni jueces.
La línea cambió el uno de octubre de 2019 cuando la Gendarmería y los fiscales del Tribunal del Vaticano irrumpieron por primera vez en la Secretaría de Estado para registrar los despachos de cuatro colaboradores de Becciu, de donde se llevaron dispositivos electrónicos, lo mismo que del despacho del director de la Autoridad de Información Financiera (AIF).
Los cinco funcionarios -uno de los cuales, el sacerdote Mauro Carlino había sido secretario personal de Becciu- fueron suspendidos de sus funciones y expulsados del Vaticano de diferentes modos pero, hasta ahora, no han sido acusados formalmente ni citados a juicio como posibles testigos.
La confirmación oficial de la nueva línea tuvo lugar el pasado 15 de febrero cuando, en su discurso de apertura del año judicial en el Tribunal del Vaticano, el Papa invitó a abordar vigorosamente las «situaciones financieras sospechosas que, aparte de su posible ilegalidad, no se concilian con la naturaleza y el fin de la Iglesia y que han provocado desorientación e inquietud entre los fieles».
Era una referencia implícita al antiguo edificio de Harrods en el número 60 de Sloane Avenue, destinado a transformación en apartamentos de lujo. Pero, sobre todo, a un sistema de gestión que malgasta el dinero del Vaticano en comisiones a demasiados intermediarios italianos «amigos, y amigos de los amigos» sin reparo en utilizar paraísos fiscales y bancos de dudosa reputación.
Tres días después del discurso del Papa y ejecutando un mandato del fiscal del Vaticano, Gian Piero Milano, los gendarmes registraron la casa y la nueva oficina de monseñor Alberto Perlasca , quien había sido responsable de las inversiones de la Secretaría de Estado durante diez años hasta su cese en 2019. Cumpliendo órdenes de la fiscalía, los gendarmes se llevaron también documentos y ordenadores de Perlasca.
La Oficina de Prensa del Vaticano informó que ese nuevo registro «está relacionado, sin prejuicio del principio de presunción de inocencia, con lo que ha ido saliendo a la luz en los primeros interrogatorios de los funcionarios indagados y suspendidos» en octubre de 2019.
Las filtraciones sobre el proceso se producen en vísperas de la llegada de los inspectores de Moneyval, el organismo del Consejo de Europa que califica la transparencia y honradez financiera de los Estados. El informe de la inspección anterior, realizada en 2017, fue bastante positivo, pero señalaba la necesidad de intensificar los juicios penales para clarificar responsabilidades.
El cardenal Angelo Becciu, que recibió la birreta en 2018 pero fue privado de todos los derechos cardenalicios excepto el tratamiento el pasado jueves , se declaró totalmente inocente de cualquier acusación en una conferencia de prensa que convocó y celebró el viernes justo enfrente del Vaticano.
El antiguo responsable de los fondos reservados manifestó no haber sido contactado por los fiscales pero estar dispuesto a ser interrogado y defender su inocencia ante el Tribunal Vaticano.
