Suecia indemnizará a los transexuales que fueron esterilizados

El ministro de Salud y Asuntos Sociales de Suecia, Gabriel Wikström, ha anunciado que su gobierno presentará una propuesta para indemnizar a los transgénero que fueron esterilizados contra su voluntad hasta 2013. «El requisito de esterilización que existía expresa una visión que se aleja de la sociedad actual», explicó el ministro al diario Dagens Nyheter. Sería el primer país del mundo que toma una decisión en este sentido y podría servir de ejemplo para que miles de personas que sufrieron esterilizaciones forzosas para poder cambiar legalmente de género en otros países reclamen a sus gobiernos. La cifra de transexuales que recibirían esta compensación económica es de unas 800 personas, según datos de la RFSL, organización que agrupa a los colectivos de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB) de Suecia.

La RFSL considera que las 225.000 coronas (23.500 euros) por persona propuestas por el gobierno son un primer paso para reconocer los crímenes cometidos por el estado contra los transexuales, aunque resulta insuficiente y reclama una indemnización de 31.000 euros (300.000 coronas), cifra similar a otras compensaciones que Suecia ha pagado por el programa de esterilizaciones que llevó a cabo entre 1935 y 1975. «Hasta que la ley sea debatida en el Parlamento continuaremos pidiendo que la indemnización sea de 300.000 coronas. Puede que el gobierno cambie de idea acerca de la cantidad antes de presentarla, ya que, de momento, solo es un proyecto de ley», ha explicado Lars Jonsson, un portavoz de RFSL a ABC.

Durante cuarenta años, el estado sueco esterilizó a cerca de 63.000 personas, algunas por razones médicas para prevenir potenciales complicaciones durante el embarazo, pero muchas de ellas por eugenesia. Se trataba de personas con enfermedades mentales o hereditarias. En algunos casos, las mujeres fueron esterilizadas al ser consideradas de raza inferior, debido a sus dificultades para el aprendizaje, por proceder de familas pobres o por hábitos sociales poco recomendables. Aunque el 90 por ciento de las esterilizaciones se registraron como voluntarias, la mayoría firmó el consentimiento para salir de instituciones mentales o para mantener la custodia de sus hijos y optar a ayudas del estado. En 1999, el gobierno aceptó pagar 175.000 coronas, 18.200 euros, a cada uno de los afectados por este programa.

Frida Sandegård, presidenta de RFTL, ha dado la bienvenida a la decisión del gobierno pero considera que la cantidad propuesta es insuficiente «en comparación con la violación a la que ha sido sometida la gente esterilizada contra su voluntad». El colectivo basa sus cálculos para exigir una indemnización superior en el grado de invalidez que la esterilización representa y la violación que supone para los derechos del individuo. «Una indemnización nunca puede compensar el daño que se ha hecho ni disminuir la violación, pero la cifra tiene que estar a un nivel que se perciba como una admisión correcta de la violación del estado«, explica Sandegård.

La asociación TGEU (Transgénero Europa) también ha mostrado su satisfacción por el anuncio del gobierno. «Es la primera vez que un estado admite que las esterilizaciones forzosas de los transgénero para que se reconociera legalmente su género son una violación de los derechos humanos y compensa económicamente a las víctima», dice su directora ejecutiva Julia Ehrt a la vez que urge a otros gobiernos a seguir esta linea.

Desde enero de 2013, las esterilizaciones forzosas para poder cambiar legalmente de género fueron prohibidas en Suecia. Dinamarca también exigía la esterilización de los transgénero hasta 2014 y Noruega hasta 2016.