Seis de cada diez técnicos sanitarios en Baleares son relegados por el catalán

En un comunicado, el sindicato CSIF informa que un total de 1.145 profesionales de las categorías de Técnico de Radiodiagnóstico, Técnico de Laboratorio, Técnico de Anatomía Patológica y Técnico de Radioterapia han quedado relegados a una segunda lista de la bolsa de empleo pública

Manifestación en Baleares contra la exigencia del catalán para trabajar en los hospitales ABC

EFE

La exigencia del conocimiento del catalán en la sanidad balear ha tenido como consecuencia que seis de cada diez técnicos sanitarios cualificados hayan sido relegados y hayan quedado fuera de la primera opción de contratación, a pesar de su experiencia profesional de años, ha denunciado este miércoles el sindicato CSIF.

En un comunicado, este sindicato informa que, según informó el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) a los sindicatos, un total de 1.145 profesionales de las categorías de Técnico de Radiodiagnóstico, Técnico de Laboratorio, Técnico de Anatomía Patológica y Técnico de Radioterapia han quedado relegados a una segunda lista de la bolsa de empleo pública.

En la primera lista figuran 631 profesionales que sí han acreditado el conocimiento del catalán, entre los que se encuentran recién titulados con 0 puntos de baremación frente a profesionales que cuentan con más de 20 años de experiencia sanitaria.

Se trata, en concreto, del 64,4 % de los técnicos inscritos en la bolsa de trabajo que no han consolidado su plaza ya que el Ib-Salut no ha celebrado ninguna oferta pública de empleo en los últimos 20 años, lamenta el CSIF.

Este sindicato insiste en manifestar su postura contraria a la exigencia «impuesta» del decreto del catalán en la sanidad pública de las Islas Baleares.

El CSIF considera que la lengua debe ser un mérito que «sume» pero que « en ningún caso que reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora» a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que recogen el artículo 15.3 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears, y del Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española

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