Un grupo de galgueros durante una jornada de caza en Ciudad Real - EFE / Vídeo: Ábalos: «Hay una visión casposa de España en la que todos tenemos que ser toreros o cazadores»

Ribera desdeña a la caza como motor del desarrollo rural y sostén de la ecología

La ministra da largas a una reunión con los cazadores, quienes dicen sentirse «despreciados» tras cuatro solicitudes

Actualizado:

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no da marcha atrás en su alegato contra la caza y los toros. «Mi posición personal ya la conoce», se reiteró ayer en el Senado, preguntada por sus declaraciones hace unos días en las que defendía que «personalmente» prohibiría ambas prácticas. «Me pregunta por las medidas que voy a adoptar para impulsar la caza y los toros. Pero como no me corresponde a mí, sino a mis compañeros de Cultura e Interior, la respuesta es ninguna», dijo.

No está de acuerdo con esta última afirmación ni el sector cinegético, ni tampoco el PP, cuyo senador Juan Carlos Ávarez Cabrero, hacía la pregunta en la Cámara Alta y afeaba a la ministra que «sus palabras no son neutras». De su cartera dependen los planes forestales (que condicionan fuertemente la caza), así como la aprobación de espacios naturales, la normativa estatal de las especies silvestres o la importación y exportación de trofeos, explican los cazadores. «Son manifestaciones estrictamente personales en el contexto en el que yo tengo me limito a cumplir la ley», aseguró Ribera. Pero sus palabras han provocado un terremeto y hoy en el Congreso el PP le dedicará la pregunta al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.

Tampoco reconoció Ribera el papel que juegan la caza o los toros en el mundo rural. «Creo que estas actividades pueden incidir más o menos en el desarrollo rural, pero hay muchos aspectos que han sido ignorados en los últimos años», dijo. La ministra prefirió destacar la «conservación del medio rural» a través de «políticas activas y sostenibles», ya que «en un ecosistema muerto no hay caza, ni toros, ni empleo». Según expresó, materias como la gestión de los servicios públicos en territorios rurales, la conservación del patrimonio natural, la transición energética o la lucha contra la despoblación son, a juicio de Ribera, el terreno sobre el que aplicar estrategias de acompañamiento y mejora de las condiciones. «No me ha respondido a nada de lo que le he preguntado», se lamentada el senador Álvarez.

Largas a los cazadores

La interpelación se produjo el mismo día en el que el Ministerio comunicaba a la Real Federación Española de Caza (RFEC) que no se reunirá con ellos por ahora y que en enero les comunicarán si les atienden más adelante. «La ministra Ribera vuelve a dar la espalda a los cazadores y a un colectivo que es el principal motor económico en el entorno rural», explicó el presidente de la federación Ángel López Maraver.

Esta era la cuarta vez que pedían una reunión con la ministra desde que accediera al cargo. Las dos primeras no hubo contestación. La tercera, le dijeron a la RFEC que Ribera no les podía atender al no entender que sea «un sector prioritario», explica su presidente, y les comunicaron que la única posibilidad era tener un encuentro con el secretario de Estado Hugo Morán, para agosto de 2019.

Ahora, tras la polémica levantada por las palabras de Ribera, los cazadores volvieron a insistir en una reunión con la ministra para informarle sobre sus aportacioens. «Le dije que somos un colectivo de 350.000 personas federadas, que duplicamos los afiliados de su partido, y que en simpatizantes somos casi un millón», explica López Maraver, que también le recordó que la titular de Transición Ecológica sí se reunió con un partido, Pacma, que apenas cuenta con 15.000 votos. En esta última ocasión, el Ministerio dijo que se reunirían con ellos el 26 de diciembre, pero ayer el Ministerio canceló el encuentro por motivos de agenda. «Es una tomadura de pelo», resume López Maraver.

«La relación con los gobiernos del PSOE en diferentes comunidades autónomas es excelente. En Aragón es excepcional, también lo era con Susana Díaz en Andalucía o con Guillermo Fernández Vara en Extremadura. No entendemos por qué esta señora ha tomado esta decisión», dice López Maraver.

Aportaciones

Entre los mensajes que al colectivo le gustaría transmitir a la ministra están sus aportaciones a la economía rural. Según datos de un informe de la consultora Deloitte presentado este año (con datos de 2016), la actividad cinegética mantuvo un total de 186.758 puestos de trabajo en España, el equivalente al 1% de la población activa. Siete de cada diez fueron contratos a personas con nivel de estudios primarios, «lo que pone de manifiesto la importancia de la caza en la integración laboral de perfiles con un encaje complejo en el mercado laboral», valoraba la Fundación Artemisan. De ellos, 141.261 fueron empleos mantenidos gracias al gasto en caza, mientras que 45.497 fueron empleos directos generados por cotos y organizadores profesionales de caza.

Otra de las reclamaciones más insistentes del sector es que se reconozca su papel en la conservación de especies, del medio ambiente y de la diversidad. Según el mismo estudio de Deloitte, los propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente más de 285 millones de euros en acciones de gestión y conservación para la caza y la fauna silvestre. Además, cuatro de cada cinco cotos organizan actividades de sensibilización y concienciación para fomentar la caza sostenible de la biodiversidad.

Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan, critica la gestión de los espacios naturales que han quedado en manos de la Administración, como los montes, y a la que no se destinan suficientes recursos. Se han introducido limitaciones para la actividad de los cazadores, aunque los cotos se mantienen con dinero privado. «La falta de gestión provoca un incremento de enfermedades, de incendios forestales, de degradación de las especies vegetales (por la proliferación de las especies animales sin control)», explica. Pone como ejemplo el Parque Nacional de Monfragüe, donde los índices de enfermedad de sus poblaciones son muy altos, según un informe. «Defendemos que tiene que haber espacios protegidos, pero también que el modelo de conservación no sea a costa del dinero de los gestores de cotos o ganaderos», concluye. .