PP y Vox se quedan solos contra la modificación del Código Penal para castigar las «intimidaciones» ante clínicas abortistas
Consideran que prohibir informar o rezar a las mujeres que acuden a estos centros es un delito contra derechos fundamentales como el de expresión, reunión o libertad religiosa
Como un enfrentamiento entre la libertad de expresión y el feminismo y los derechos conquistados por las mujeres, el Congreso de los Diputados ha debatido este jueves en su sesión plenaria el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo, así como a los profesionales que participan en ello. La ley agota así su tramitación en la Cámara Baja y ya está lista para ser debatida en el Senado .
Esta era ya la cuarta vez que los grupos parlamentarios exponían su posición al respecto tras ser esta reforma tomada en consideración en septiembre, debatida en su totalidad en noviembre y ratificada tras la Comisión de Justicia en diciembre, y ningún partido ha sorprendido con sus posiciones al votar las enmiendas del PP y del PNV, las de estos últimos para garantizar una "zona de seguridad" frente a las clínicas. Tan solo el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han defendido lo que consideran es un atentado contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión e incluso religiosa de aquellos ciudadanos que, en su opinión, salvan vidas al aconsejar a las puertas de las clínicas que realizan este tipo de abortos, a las mujeres que se desplazan hasta ellas.
La diputada popular María Teresa Angulo Romero , ha reprochado a Ciudadanos que, con su apoyo a la izquierda, «se defienden los intereses de las empresas privadas» que realizan las intervenciones a la par que lanza un mensaje: «Quienes expresen una opinión contraria a los intereses del Gobierno pueden ser objeto de una legislación que los envíe a la cárcel». Más contundente ha sido la diputada de Vox Lourdes Méndez , que ha calificado como «un honor» ser considerado, a partir de ahora, un delincuente por parte de un gobierno «que indulta terroristas pero mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas» frente a las clínicas que ha llamado «de exterminio». Según ha anunciado, su partido recurrirá esta decisión al Tribunal Constitucional. También Carlos García Adanero , de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha defendido una posición similar a la de PP y Vox.
Por su parte, el resto de grupos parlamentarios ha defendido que con esta penalización lo que se defiende es un derecho adquirido por las mujeres. «El rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar», ha dicho Martina Velarde , del grupo Unidas Podemos. «No hay fascistas que puedan con el movimiento social de las mujeres y del feminismo, y ningún insulto ni aquí ni en la calle nos va a parar», ha espetado, por su parte, desde la tribuna la diputada del PSOE Laura Berja , que ha recriminado a Vox que «cuando entra en juego, los derechos de las mujeres están en riesgo».
El dictamen emitido por la Comisión de Justicia, que mantiene el texto acordado en el informe de la ponencia, establece penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días a quien acosare mediante actos «molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos a una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, según el texto, se aplicarán las mismas penas a quien acosare a los facultativos o directivos de los centros donde se realice la intervención.
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