La oposición exige dimisiones por los casos de explotación sexual infantil detectados en Mallorca
La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago, de MÉS, ha afirmado en el Parlamento regional que la Fiscalía de Menores «no se ha implicado en resolver estos casos»
La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago, de MÉS, ha defendido este martes en el Parlamento regional las distintas actuaciones realizadas por su departamento en los últimos cinco años en los centros de protección de menores que dependen del Govern. Santiago ha comparecido ante la Diputación Permanente después de haberlo solicitado el PP, tras la controversia generada estos días por la presunta inacción institucional que habría existido en las dos últimas legislaturas en relación a los casos de abusos y de explotación sexual infantil detectados en el último lustro en Mallorca. Dichos casos sólo se han hecho públicos ahora, a lo largo de este mes de enero.
Santiago ha hablado esencialmente sólo de la gestión llevada a cabo en los centros de internamiento, que son los que dependen en exclusiva del Ejecutivo regional. Así, ha explicado que desde la pasada legislatura, en la que ya era consejera de Asuntos Sociales, se ha contratado a nuevo personal y ha habido mejoras en las instalaciones. Además, ha confirmado que desde 2016 su departamento ha despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de los centros que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. Asimismo, ha afirmado que el Govern que preside la socialista Francina Armengol habría actuado siempre con la «máxima diligencia» ante situaciones de ese tipo. Cabe recordar que el Ejecutivo regional ha estado presidido en los dos últimos mandatos, el pasado y el actual, por Armengol.
«No tenemos garantías de que no pueda volver a pasar, lo que tenemos es la estructura para que si pasa de nuevo, se detecte, y cuando se detecte se actúe con contundencia, como ha hecho este Govern a través de esta Consejería», ha recalcado Santiago en relación a dichos casos. Por su parte, la oposición ha criticado con suma dureza a Santiago, al considerar que el Govern no ha hecho autocrítica, que los informes anuales revelarían una deficiente gestión en los centros de protección de menores y que no se habría actuado con prontitud cuando era preciso. Por todo ello, los diputados Marga Durán (PP), Maxo Benalal (Cs) y Sergio Rodríguez (Vox) han exigido la dimisión inmediata de la consejera, mientras que el portavoz de Proposta per les Illes (PI), Jaume Font, ha pedido también dimisiones, pero sin centrarlas por ahora en Santiago.
La consejera, por su parte, ha reprochado al PP que no habría hecho «nada» en materia de protección de menores en la legislatura 2011-2015, cuando los populares gobernaron en el Ejecutivo regional y en el Consell de Mallorca. Por lo que respecta a los partidos que forman parte del actual tripartito, las diputadas Silvia Cano (PSOE), Cristina Mayor (Unidas Podemos) y Joana Aina Campomar ( MÉS) han señalado que para resolver la problemática que afecta a los menores, el foco tendría que dirigirse prioritariamente hacia los presuntos abusadores, no sobre las víctimas, para no hacerlas doblemente vulnerables.
Dos administraciones
Cabe recordar que un centro de internamiento es distinto a un centro de acogida o tutelado, tanto por lo que respecta a sus funciones como por lo que afecta a su gestión. Los centros de internamiento son de régimen cerrado para menores con antecedentes. Los tres que existen en Mallorca son gestionados, como se ha indicado, por el Gobierno balear, así como también dos pisos de medidas de convivencia creados en la pasada legislatura. En cuanto a los centros de acogida o tutelados, su régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
Más allá de esa delimitación competencial entre el Govern y el Consell de Mallorca por lo que respecta a la gestión de los centros de protección de menores, algunos trabajadores de los centros de acogida del IMAS han denunciado en estos últimos días una supuesta inacción política ante la posible existencia de casos de abusos y de prostitución infantil en dichos centros. Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló , acordó «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de esos hechos, mientras que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán , abrió una actuación de oficio solicitando información al IMAS en relación a los 16 casos recientes de explotación sexual infantil reconocidos por dicho organismo en Mallorca. De los 16 casos, en 15 de ellos las víctimas eran niñas.
En ese contexto, Santiago ha defendido este martes que a lo largo de los últimos cinco años ha habido reuniones regulares entre el Govern, los consells insulares, la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar contra la explotación sexual infantil. En esas reuniones se acordó poner en marcha «un protocolo específico» y «formación permanente» para combatir esa lacra. La consejera ha lamentado que algunos partidos reclamen al Govern que persiga «el delito» , algo que sería responsabilidad de «las Fuerzas de Seguridad». A continuación, ha afirmado que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil ni la Fiscalía de Menores se habrían comprometido a llevar a cabo actuaciones concretas después de los encuentros que mantuvieron con el Govern. «La Fiscalía, de momento, no se ha implicado en resolver estos casos», ha señalado.
Plenos extraordinarios
Con independencia de la comparecencia parlamentaria de este martes, el Consell de Mallorca anunció ayer que ha convocado dos plenos extraordinarios para el próximo viernes, para tratar sobre la posible desatención que estarían sufriendo en estos últimos años determinados menores de los centros de acogida gestionados por la institución insular. El primer pleno se ha convocado a petición del equipo de gobierno y el segundo se celebrará tras haberlo pedido la oposición. En el primero comparecerá el presidente del IMAS, Javier de Juan. Precisamente, estaba previsto que De Juan compareciera también en breve en el Parlamento balear, a propuesta del PSOE, pero los socialistas han considerado ahora que ello ya no es necesario, al haberse confirmado la inminente intervención del presidente del IMAS en el Consell de Mallorca.
En el Consell de Mallorca gobierna en la presente legislatura un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Con independencia de la celebración de los dos plenos citados, el PP, Vox, Cs y el PI han exigido la creación de una comisión de investigación, que en principio ha sido aceptada por el PSOE. Los socialistas quieren, sin embargo, que se investigue también la época en que el Consell de Mallorca estuvo gobernado por el PP y antes por Unió Mallorquina, formación hoy ya extinta.
La actual polémica en torno a los centros de protección de menores de Mallorca se inició tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. El informe de la doctora que atendió a la niña horas después de la violación señaló que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que inició la investigación.
Violación grupal
En la denuncia presentada por la propia víctima el día de Navidad, dicha niña habría dejado entrever que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió en Es Camp Redó, un grupo de adultos con que se topó en la barriada de Son Gotleu habría intentado prostituirla. En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que cuando salen por unas horas de dichos centros se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.
En relación a este caso, la Policía Nacional detuvo a siete menores y a un joven mayor de edad como sospechosos de haber participado de forma directa o indirecta en la violación grupal de la niña , de nacionalidad española. Los presuntos agresores se habrían turnado para violar a la víctima, si bien habrían alegado ante la Policía que se habría tratado de relaciones sexuales consentidas. Todos los sospechosos, también españoles, fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Aun así, los siete menores arrestados inicialmente —seis chicos y una amiga de la niña— pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores a lo largo de los próximos días.
Con posterioridad a esos hechos, la responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez , explicó días atrás que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí han detectado casos aislados de proxenetas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados. Por su parte, el presidente del IMAS anunció la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil . Dicha comisión se reunió el pasado miércoles por vez primera.
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