La nueva ley «antibotellón» estudia hacer controles de alcoholemia a menores en la calle

El Gobierno quiere acabar con la permisividad social del alcohol con los menores que beben. La base de su estrategia es una ley nacional que unificará, por primera vez, las numerosas normativas autonómicas y locales que regulan el acceso de niños y adolescentes a las bebidas alcohólicas. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ya ha empezado a dar forma a esta nueva ley «antibotellón», en la que, entre otras medidas, se prevén controles de alcoholemia y cursos de sensibilización familiar para implicar a los padres.

Según ha podido saber ABC, se está estudiando incorporar en la ley un artículo en el que se autorice a la Policía Local a utilizar alcoholímetros si tienen la sospecha de que un menor está bebiendo en un lugar público.

Si al soplar da positivo, el agente llamaría a los padres o tutores para comunicarles que su hijo ha bebido. Después a la familia le llegaría una notificación para acudir con su hijo a un curso de sensibilización. Estos cursillos serían similares a los que ya siguen los conductores que deben recuperar el carné de conducir. Pero, en lugar de mostrar los estragos de una mala conducción, velocidad o consumo de drogas al volante, se enseñarán los efectos del alcohol en un organismo que aún está por formar.

La propuesta se planteará para su debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el problema de las drogas, el lugar donde la ministra de Sanidad quiere dar forma a esta nueva ley del alcohol y conseguir, por primera vez, una normativa nacional y de consenso. En esta comisión están representados todos los agentes que pueden estar implicados en el problema, desde grupos parlamentarios, comunidades autónomas, asociaciones de padres, el sector educativo o las corporaciones locales, entre otros.

Como Extremadura

La idea no es completamente nueva. La Junta de Extremadura también planteó en octubre pasado el uso de alcoholímetros en la calle en una ley autonómica para frenar el alcohol entre los más jóvenes. Se presentó como una herramienta a disposición de los ayuntamientos que podrían o no utilizar. Esta misma normativa autonómica también proponía castigos a los mayores de edad que compraran bebidas para los adolescentes o les indujeran a consumirlas.

El Ministerio de Sanidad copia parte de esta propuesta para su ley nacional y le añade un componente educativo con la implantación de cursos para los menores bebedores y sus familias. Montserrat ya explicó en el Congreso al anunciar la nueva ley «antibotellón» que su intención era sensibilizar, educar y prevenir «sin un objetivo punitivo». Eso no significa que no se multe a quienes cometan una ilegalidad, como los comercios o locales que vendan bebidas de graduación alcohólica a menores de edad. O que durante el debate en la comisión se perfilen nuevas sanciones.

¿Al primer positivo?

La comisión parlamentaria también deberá perfilar cómo llevar a la práctica los controles de alcoholemia para menores. Se deberá determinar, por ejemplo, qué tasa de alcohol se deberá considerar un positivo para un menor, ¿la misma que se exige a un adulto al volante?. Asimismo se deberá decidir, si basta con un positivo para ser obligado a hacer un curso de sensibilización familiar o sería necesario ser reincidente. O cómo «obligar» a la familia o al menor a acudir a estas clases si no hay un mecanismo sancionador para disuadirles. Del debate en la comisión saldrán los detalles que permitirán articular la ley.

La nueva ley «antibotellón» prohibirá por primera vez beber a los menores en la vía pública en toda España. Ya lo hacen normativas municipales de ciudades como madrid, desde 2002, pero no existe una estrategia nacional de prevención. Varios titulares del Ministerio de Sanidad lo han intentado, sin éxito, durante los gobiernos del PSOE y del PP. El último paso lo dio la ex ministra Ana Mato con un proyecto normativo que ponía el acento en las sanciones. En aquel texto fallido se preveían multas a los padres de los jóvenes que bebieran y se limitaba por primera vez la publicidad y el consumo de adultos en la calle. No se preveían excepciones ni para el vino ni la cerveza.

Para la nueva ley que viene, el Congreso ya tiene recomendaciones. El jueves pasado una moción del PNV consiguió que se instara al Gobierno a remitir a la Cámara Baja un proyecto de ley que prohíba o limite «la publicidad de alcohol, tanto directa como indirecta, en medios de comunicación de difusión en todo el territorio del Estado y en redes sociales». Esta moción fue ayer debatida en el Pleno y contó con el apoyo de la mayoría de los grupos en su turno de intervenciones, excepto del Partido Popular, que presentó una enmienda.