Mos Movem pide a la Justicia la impugnación del decreto del catalán en la sanidad balear
La plataforma ciudadana ha presentado una demanda ante el TSJIB, porque considera que la mayoría de preceptos de la norma aprobada por el Ejecutivo de Armengol en marzo de 2018 «son ilegales e inconstitucionales»
La plataforma ciudadana Mos Movem ha presentado este lunes, ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) , una demanda de impugnación contra el decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. Previamente, en mayo del pasado año, Mos Movem había presentado ya un recurso contencioso contra la nueva norma.
El citado decreto fue aprobado el 23 de marzo del pasado año por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol . En su versión definitiva, el decreto establece que se podrán presentar a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud todos los profesionales sanitarios que lo deseen, aunque ahora no tengan la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral. Dicha titulación lingüística podrá conseguirse en un plazo máximo de dos años una vez conseguida la plaza. Los profesionales que finalmente no logren esa titulación serán penalizados laboralmente, ya que no podrán participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.
En ese contexto, Mos Movem considera que la mayoría de preceptos del decreto del catalán en la sanidad «son ilegales e inconstitucionales». Para dicha plataforma, el decreto «incumple el principio de proporcionalidad y la adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones de las distintas especialidades» y además « impide a quien no acredite capacitación lingüística participar en ningún procedimiento de movilidad que convoque el Servicio de Salud de las Islas Baleares ni acceso a la carrera profesional». Mos Movem recalca, asimismo, que ese derecho «está reconocido en la legislación básica, dictada al amparo de la Constitución Española», por lo que el Govern pretendería establecer «sanciones sin cobertura legal».
Críticas al decreto
Mos Movem entiende, en ese sentido, que el Gobierno balear «no está habilitado por ley para regular y sancionar la pérdida de derechos básicos de los empleados públicos, como son la movilidad y la carrera profesional». De hecho, el decreto estaría infringiendo «los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ámbito de la función pública». La plataforma impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró hace también una valoración política crítica de la nueva norma. «El decreto trata de imponer y discriminar por una obsesión política —disfrazada de derecho lingüístico—, sin una mínima constatación de las funciones a desarrollar por el personal sanitario y de las características del puesto de trabajo; priorizando indebidamente e injustamente los derechos lingüísticos sobre el derecho a la salud».
Para Mos Movem, «el derecho a la protección de la salud es un principio rector de la política social y económica, que los poderes públicos deben hacer efectivo». Sin embargo, «este decreto sólo tiene en cuenta el punto de vista de la normalización lingüística, sin mención sobre el derecho a la protección de la salud». La nueva norma ha venido siendo cuestionada no sólo por Mos Movem, sino también por distintos partidos y entidades. Así, ha provocado el rechazo del PP, Cs, Actúa-Vox, el Sindicato Médico de Baleares, CSIF y diversas asociaciones de pacientes, que consideran que el decreto dificulta la posible llegada de profesionales desde la Península y que ello puede repercutir en la calidad asistencial. Además, a principios del pasado año una veintena de especialistas médicos abandonaron Baleares por su desacuerdo con la nueva norma lingüística.
La última novedad hasta ahora en relación al decreto del catalán en la sanidad balear se había producido el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno central decidió retirar el recurso contencioso que había presentado en mayo del pasado año contra dicho decreto. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez decidió por «voluntad política» dejar sin efecto el recurso que había presentado el Gobierno Central con Mariano Rajoy aún como presidente.
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