La ley balear que prohíbe los vehículos diésel en las islas en 2025 puede acabar en el Constitucional
El Gobierno central y el Ejecutivo regional acaban de constituir una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias existentes sobre varios puntos de la nueva norma
La ley autonómica que prohíbe los vehículos diésel en Baleares a partir de 2025 podría acabar en el Tribunal Constitucional . El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez considera que cuatro artículos y una disposición adicional de la denominada Ley de Cambio Climático y Transición Energética , aprobada en febrero, no se ajustarían a la legalidad. Uno de los puntos que se cuestiona es, precisamente, que dentro de seis años se quiera hacer ya efectiva la prohibición de los vehículos diésel en las islas.
Para intentar resolver las discrepancias que existen en estos momentos con el Govern que preside la socialista Francina Armengol, se ha constituido recientemente una comisión bilateral entre las dos administraciones . El Tribunal Constitucional ya ha sido informado de la puesta en marcha de dicha comisión. En ese contexto, el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de las Islas Baleares publicaron este martes la disposición en la que se explican los pasos que se darán a partir de ahora.
Cabe recordar que la citada ley autonómica recoge una serie de medidas pioneras en España para reducir las emisiones contaminantes de manera progresiva, como por ejemplo la mencionada prohibición de los coches diésel en 2025 o la prohibición de los vehículos con gasolina en 2035 en todo el archipiélago. Ambas medidas habían suscitado ya meses atrás el rechazo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, así como también el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Dudas legales
Ahora es el Gobierno central el que cuestiona los dos plazos fijados por el Govern , establecidos en la disposición adicional tercera de la Ley de Cambio Climático. Dicha disposición señala que «a partir del 1 de enero de 2025 quedará prohibida la circulación en las Islas Baleares de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible, salvo aquellos vehículos respecto a los que se establezcan reglamentariamente excepciones por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio de la comunidad autónoma». La citada disposición también indica que «a partir del 1 de enero de 2035, quedará prohibida la circulación en las Islas Baleares de motocicletas, turismos, furgones y furgonetas que no sean libres de emisiones», si bien fija las mismas excepciones que afectarán a los vehículos diésel.
Por lo que respecta a los cuatro artículos de la nueva ley también cuestionados por el Gobierno, el 14.2, el 20.1, el 23 y el 68.3, todos ellos están relacionados esencialmente con las medidas que deberán tomar las diferentes administraciones para garantizar la «perspectiva climática» y la «eficiencia energética» en sus actuaciones. El Ejecutivo considera que los requisitos fijados por el Govern serían excesivos.
Una ley pionera
La Ley de Cambio Climático propone también otras medidas , no cuestionadas en este caso por el Gobierno central. Así, la norma aprobada hace ya cuatro meses determina que las empresas de «rent a car» deberán incorporar vehículos eléctricos o no contaminantes a partir de 2020, en una proporción que irá del 2 por cien en ese año al 100 por cien en 2035. En ese contexto, los «rent a car» deberán informar regularmente al Gobierno balear, a través de sucesivos listados, de su número total de vehículos contaminantes y de vehículos de emisiones cero, que además llevarán pegatinas identificativas. Con esas medidas y con las ya mencionadas, el Ejecutivo regional prevé que en 2050 el 100 por cien de los vehículos sean eléctricos en Baleares.
Otro de los objetivos destacados de esta nueva ley es potenciar el uso de las energías renovables . En ese sentido, será obligatorio instalar placas solares en los grandes aparcamientos y en las nuevas edificaciones de más de 1.000 metros cuadrados. Por otra parte, a partir de 2020 se prevé además el cierre progresivo de las centrales contaminantes, como la central térmica de Es Murterar, ubicada en el municipio mallorquín de Alcudia. Esa medida afectará también a las centrales situadas en Menorca, Ibiza y Formentera.
La nueva ley prevé también que los municipios puedan establecer restricciones de circulación en las áreas en que se superen los valores límite de calidad del aire fijados. Por otro lado, se establecerán medidas para reducir la contaminación de los barcos y se tendrán que definir planes de sostenibilidad en relación a las emisiones ligadas al transporte aéreo.
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