El Gobierno revisará el copago de los dependientes

El Gobierno y las comunidades autónomas tendrán que hacer frente a una revisión de los criterios del copago con el que se financian los servicios que se prestan a los dependientes. Una modificación que tendrá un coste económico para las arcas públicas —aún sin cuantificar— y que es consecuencia del principal error que se atribuye al anterior Gobierno socialista al redactar la Ley de Dependencia, como fue la falta de una memoria económica que reflejara claramente el coste que iba a suponer su aplicación.

El primer paso que obligará al actual Gobierno a modificar esta ley, que cumplió su décimo aniversario el pasado 14 de diciembre, se dará el próximo jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En el orden del día de esta sesión figura el debate de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por Cermi (el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y apoyada por 740.000 firmas.

Proposición de Ley en el Congreso

El texto propone la tramitación de una Proposición de Ley en la Cámara Baja para la modificación de la norma 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones. El apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios garantiza que esta propuesta llegue al Pleno del Parlamento y sea tramitada como un proyecto de ley, abierto a las enmiendas y a las sugerencias de los partidos.

Este proceso no estará libre de tensiones en el seno de los grupos políticos que ostenten poder autonómico, porque el resultado final de esta ley afectará de lleno a los presupuestos de las comunidades, que previsiblemente tendrán que hacer un mayor desembolso económico. No hay que olvidar que el único criterio económico que recoge la ley del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es que la dependencia tenía que estar financiada en un 50%, a partes iguales, entre el Gobierno y las autonomías.

De hecho, esta ILP ya fue debatida y aprobada por todos los grupos en la anterior Legislatura, pero la disolución de las Cortes y el tiempo de bloqueo político la dejó pendiente de tramitación, por lo que ahora se ha retomado nuevamente en Comisión.

Antes de que el Congreso dé vía libre a esta iniciativa, el Gobierno ha querido dar un primer paso para empezar a valorar económicamente la ley, según señala a ABC la diputada popular Carmen Navarro. Por ello, cumpliendo el mandato de la última Conferencia de Presidentes autonómicos, el Consejo de Ministros del pasado día 10 de febrero aprobó la creación de una Comisión de Expertos para analizar el coste real de la aplicación de esta ley, y conocer así cuánto supondrá a las administraciones.

Mismo criterios para todos

Uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar las personas dependientes es que cada comunidad autónoma aplica unos requisitos distintos para el copago. Por ello, es necesario establecer por ley «unos criterios básicos y no enunciados genéricos que dejen vía libre tanto al Gobierno como a las comunidades, lo que ha provocado grandes diferencias en la aportación de las personas usuarias entre los distintos territorios», según fuentes del Cermi. Hay regiones en la que este colectivo tiene que aportar hasta un 90% del coste del servicio de atención. Un ejemplo es Andalucía, donde el coste de un servicio de atención residencial para personas con discapacidad intelectual es de 79,06 euros al día y en Castilla y León, de 48,97 euros, según un informe de la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).

El objetivo que también se pretende con esta modificación legal es fijar unos criterios «más claros y justos en relación con la capacidad económica y participación en el coste de las prestaciones por parte de los beneficiarios».

Como primera medida los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a buena parte de las asociaciones del colectivo, proponen ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto el nivel de renta como el patrimonio del usuario; añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

Exención del copago

La segunda modificación es la exención del copago a quienes perciben menos de 1.331 euros al mes (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El tercer cambio sería fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste que entraña percibir un servicio. Finalmente, quieren que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad destinada a gastos personales que no sea inferior al 40% de su capacidad económica.

Los impulsores de estos cambios creen que es una buena solución para solventar la «desacertada regulación» de los aspectos económicos de participación de los dependientes en el coste de las prestaciones. Estas diferencias, como mantiene la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, suponen que, en lugares como en Castilla y León, apenas haya personas dependientes esperando ayuda económica (un 0,61%), frente a Canarias, en el extremo opuesto, donde más del 44% de las personas con dependencia reconocida sobreviven sin recibir ayudas.

Según el Cermi, el desembolso personal se ha acentuado en los años de crisis, en concreto, de 2009 a 2013, cuando la cantidad media que aportan los usuarios del sistema de dependencia por las ayudas que reciben se disparó un 68%, de 960 euros a 1.613 euros.

«Están en juego los derechos de casi dos millones de personas», resumen los impulsores de la propuesta.