El Gobierno resuelve los casos de explotación sexual a menores en centros tutelados con familias de acogida
Igualdad y Derechos Sociales aprueban con las comunidades autónomas que en 2031 no haya menores de diez años viviendo en centros de protección
El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves el plan contra la explotación sexual de menore s tutelados. Entre las medidas, el Ejecutivo contempla que a partir de 2026 no haya ningún menor de 6 años viviendo en centros tutelados , sino que la atención de los niños se derive a familias de acogida. Para 2031, el objetivo es subir ese límite de edad hasta los diez años. Además, antes de esa fecha, el número medio de plazas en centros tutelados se reducirá hasta las 15 y en los casos de los que tengan más de 30 plazas, considerados grandes, se propone su cierre o su reconversión en centros de protección con hogares independientes.
Así lo han acordado esta mañana en Conferencia Sectorial la ministra de Igualdad, Irene Montero , la de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra , los secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, Ángela Rodríguez y Nacho Álvarez, y los consejeros de estas ramas de las distintas comunidades autónomas.
El plan justifica esta medida aludiendo a que «la mejor forma de proteger a las niñas vulnerables de las redes de explotación que las buscan y captan en los centros de protección es permitiendo que crezcan en familias o en recursos pequeños, flexibles y que permiten un seguimiento personalizado». Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dice la estrategia, realizará un estudio «sobre los cuellos de botella que está impidiendo el despegue del acogimiento familiar».
El objetivo, ha explicado Álvarez tras el encuentro, es avanzar hacia «un nuevo modelo de acogimiento familiar» en el que el sistema de protección a menores del país, es decir, los centros de protección y acogida a niños, garanticen «el interés superior de la infancia ». Este plan se produce tras darse a conocer varios casos de explotación sexual a menores tuteladas en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid.
Junto a la salida de los niños de los centros tutelados, el Gobierno contempla llevar a cabo una campaña estatal de sensibilización sobre el acogimiento familiar y la desinstitucionalización, así como un estudio de buenas prácticas nacionales e internacionales para fomentar ese acogimiento en familias.
Para financiar el plan , ha concretado el secretario de Estado de Derechos Sociales, se contará con parte del Fondo Social Europeo Plus, así como con otros fondos europeos que ya contempla el Ministerio de Derechos Sociales para impulsar redes de acogimiento familiar.
Formación en prevención
El plan contempla medidas para implantar de forma inmediata, como la formación especializada en prevención y detección de explotación sexual a todos los trabajadores de centros tutelados (alrededor de 1.300 en España) a través de materiales didácticos especializados y cursos de formación no presencial elaborados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la elaboración de un protocolo armonizado para la prevención, detección e intervención frente a los posibles casos de violencia contra la infancia en los centros tutelados para toda la Administración Pública.
También se elaborará una guía de común actuación para la detección, notificación y derivación de los casos de explotación sexual en centros tutelados -en el que se prestará especial atención a niñas y adolescentes- que deberá otorgar a los profesionales que trabajan en centros de protección de menores herramientas como un catálogo de indicios para detectar casos de explotación y trata, o pautas concretas para notificar y derivar los casos.
El plan contempla además la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral para niñas víctimas de explotación sexual. Así, a través del programa de acompañamiento y recuperación integral para niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual del Ministerio de Igualdad, se va a invertir en la creación de servicios especializados de recuperación y atención integral para las víctimas de explotación sexual. Estas unidades estarán listas, según la estrategia, antes de que termine junio.
En este sentido, también habla de medidas para garantizar la reparación psicológica , para lo que antes de finales de 2023 s formará a todo el personal que trabaja en el sistema de protección a la infancia en trastorno del vínculo y polivictimización.
Esta estrategia, dice el documento, pasa por colaborar con el Ministerio de Interior para incluir a los menores tutelados víctimas de explotación sexual y trata en las estadísticas correspondientes. También por poner en marcha un sistema de seguimiento y registro de los casos de violencia en la infancia.
El escándalo de explotación sexual de menores tuteladas trascendió a la opinión pública hace más de dos años cuando una niña de trece años, tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, denunció en la Navidad de 2019 que había sido víctima de una violación grupal. Poco después, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual , 15 niñas y un niño. Desde entonces, la gestión del IMAS está en tela de juicio y el goteo de casos no cesa, mientras los responsables políticos se han negado a realizar una investigación a fondo y no ha habido ninguna dimisión.
Los socios nacionalistas de Armengol apoyaron una comisión de investigación en el Consell de Mallorca, secundando al PP, Ciudadanos y el PI, pero el PSOE y Podemos lograron que mutara en una comisión de expertos que no ha aclarado nada y que ha costado 30.278,73 euros.
Las críticas por este fracaso obligaron a montar una Comisión Política, integrada por representantes de todos los partidos con excepción de PP y Vox, que se negaron a participar por considerarlo un paripé . La Comisión Política se cerró y eximió de toda responsabilidad política a los cargos del Consell de Mallorca, órgano que gestiona la tutela de estos niños, y trasladando el problema a la sociedad.
La denuncia de un empresario ibicenco, vinculado a Vox, provocó la intervención de la Eurocámara . Tras varios intentos de bloqueo por parte del PSOE, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mandó una misión a las Islas para investigarlo el pasado mes de abril. Los eurodiputados se citaron con la presidenta Francina Armengol y otros cargos políticos de los gobiernos autonómico e insular, además de dos madres de presuntas menores prostituidas, monitores, policías y periodistas. Las conclusiones se conocerán en los próximos meses . Durante este tiempo, la Policía ha detenido a una cuarentena de personas vinculadas con la explotación sexual de menores tuteladas.
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