La gestión pública de los hospitales del Sistema Nacional de Salud pasará a ser «la opción preferente»
Darias anuncia que «derogará» la normativa de Aznar, que permitía la entrada de la sanidad privada a la gestión de los hospitales públicos
Explica que la sanidad privada podrá gestionar los hospitales públicos en aquellos casos donde «se justifique la necesidad» y «conste en una memoria»
La sanidad pública es el nuevo frente de batalla abierto en el seno de la coalición de Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, consiguió este lunes que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a su anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la sanidad pública pese al descontento de sus propios socios.
La nueva norma tiene entre sus objetivos establecer medidas para impedir nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía o recuperar la universalidad de la atención. Sin embargo, el punto de fricción con Podemos es la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esa figura fue consolidada por la normativa 15/1997 promulgada durante el Gobierno de José María Aznar para poder dar entrada a «nuevas formas de gestión» privada en el SNS.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Darias explicó que el anteproyecto incluye la derogación de «manera explícita, expresa y nada tácita» de la Ley 15/1997. Sin embargo, a renglón seguido subrayó que «el sistema preferente será la gestión directa», es decir pública.
Para ello, la ministra tiene previsto modificar el artículo 14 de la Ley General de Sanidad (14/1986), presentando una nueva redacción del apartado 3 en el que se deje claro que la utilización por parte de la sanidad pública de otros recursos o gestión privada «deberán argumentarse en una memoria que justifique la necesidad de acudir a ellos desde el punto de vista sanitario, social y económico teniendo en cuenta con carácter previo la utilización óptima de los recuros sanitarios propios».
Con esta maniobra, la ministra intentó enterrar el hacha de guerra levantada por Podemos que pidió a primera hora de la mañana excluir la gestión privada del Sistema Nacional de Salud. Y es que el acuerdo con Podemos que permitió a Sánchez llegar a La Moncloa estipula la «revisión de la legislación» introducida por Aznar para «potenciar la gestión sanitaria pública directa», además de la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012. Aunque el acuerdo no habla de derogación si no de revisión, el objetivo de Podemos es excluir a la sanidad privada de cualquier tipo de colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
«Es una ley de todo el Gobierno de coalición porque cumple con el acuerdo programático y permite avanzar en una gestión directa pública como opción prefente», insistió la ministra, aunque no aclaró específicamente si se ha contado finalmente con el beneplácito de sus socios. Darias además se negó en todo momento a explicar si el Gobierno está dispuesto a trazar como pide Podemos línea roja a la sanidad privada. «Hablar de líneas rojas cuando amplía nuevos derechos e impide volver a tiempos pasados es complicado. Se apuesta por la gestión directa de los servicios públicos de sanidad, cosa que me parece muy importante», reivindicó.
«Batería de enmiendas»
Antes del inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de conocer la maniobra de Darias, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, fue muy claro, al pedir a Darias que rectifique en su propuesta «el modelo privatizador de Aznar».
En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández subrayó que su formación presentará «una batería de enmiendas» durante el trámite parlamentario de este nueva ley de cara a revertir lo que ellos consideran «la privatización» del SNS. «En Unidas Podemos apostamos de manera incontrovertida y sin ambages por la sanidad pública y, por tanto, queremos desprivatizar este servicio esencial como ya se está haciendo en la Comunidad Valenciana» , afirmó Fernández.
Actualmente, el 11,3 por ciento del gasto sanitario público se destina a los conciertos de servicios sanitarios (la mayoría de ambulancias y reducción de listas de espera), según los datos del propio Ministerio de Sanidad. El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, explica a ABC que «estamos ante un debate contra natura de carácter ideológico en la que se está intentado imponer una solución única como válida y se limita la capacidad de gestión de las comunidades autónomas que son quienes tienen la competencia en Sanidad».
Con este anteproyecto --explica Rus-- el Gobierno pretende implantar un «modelo inflexible» en un contexto de «aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población». «Eliminar herramientas no parece lo más lógico en este momento y menos haciéndolo de forma obligatoria sin dar a las comundiades la capacidad de elegir», añadió el presidente de ASPE, que representa al 80 por ciento de la sanidad privada en España.
Apenas el 5 por ciento de los hospitales públicos están gestionados por la sanidad privada en España. Es el caso de algunos hospitales de Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y en menor medida, Extremadura. Para ASPE, la colaboración público-privado es un «modelo de éxito», ya que ha permitido «reducir listas de espera en hospitalización, diagnóstico por imagen , terapias respiratorias y diálisis, entre otras». «El paciente quiere buena medicina, no le importa la titularidad o el modelo de gestión», asegura Rus.
El presidente de ASPE avisa también al Gobierno de que el anteproyecto «puede acabar judicializándose» por «limitar la gestión de los recursos que son competencia de las Comunidades Autónomas».
Pese a que Podemos defiende la decisión del Gobierno de Ximo Puig de no renovar los contratos de concierto de los hospitales de Torrevieja y Alzira, ASPE recuerda que solo en el caso del hospital de La Ribera (Alzira) esa decisión ha supuesto un «sobrecoste de 76 millones de euros generado solo por este último centro tras su vuelta a la gesitón pública». Las listas de espera se han triplicado de 56 a 157 días y se han desviado más de 7.000 ecografías a clínicas privadas, según ASPE, que además puntualiza que la actividad en las consultas han bajado un 3%.
