Frente constitucionalista balear para que se reconozca el castellano como lengua vehicular en la enseñanza

Las principales entidades constitucionalistas de Baleares han registrado este viernes en el Senado un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios, para que recojan su petición de que sea presentada una enmienda a la disposición adicional número 38 de la denominada «ley Celaá», para que el castellano siga siendo vehicular en la enseñanza. Esta iniciativa ha sido promovida de manera conjunta por Societat Civil Balear, Mos Movem, Plis Educación, Foro Baleares y No vaig de vaga.

El citado documento ha sido entregado en Madrid por el diplomático Inocencio Arias; la empresaria e impulsora de Mos Movem Úrsula Mascaró; el arquitecto y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Mariano Gomá y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera. El objetivo principal que se persigue con ese escrito es lograr que los distintos grupos parlamentarios «sean conscientes de que la retirada del término ''vehicular'' en la ley Celaá es un evidente signo de la intención de eliminar definitivamente el castellano, o español, como lengua vehicular de enseñanza en comunidades con dos lenguas oficiales».

Este mismo viernes, de forma paralela, el presidente de Plis Educación, Josep Ignasi Aguiló, ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los senadores del PP José Vicente Marí y Pablo Ruz, así como con los senadores José Manuel Marín de Vox y Lorena Roldán de Cs, para explicarles los pormenores de esta iniciativa. Cabe recordar que una vez aprobada el pasado 19 de noviembre la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) o «ley Celaá» en el Congreso, ahora debe ser debatida en el Senado.

El escrito registrado este viernes en el Senado pide también a los distintos grupos parlamentarios que repasen la secuencia histórica que contiene ese documento relativa a los conceptos de «vehicularidad» y «proporcionalidad» aplicados a las lenguas cooficiales en comunidades autónomas bilingües. Con la argumentación hoy presentada, se espera que los grupos de la Cámara Alta «deduzcan por sí mismos qué intención se oculta detrás de la actual redacción de la disposición adicional trigésima octava que ha llegado al Senado para su consideración». En apoyo de sus tesis, las cinco entidades isleñas citadas recuerdan en su escrito tres sentencias del Tribunal Constitucional, un fallo del Tribunal Supremo y un informe del Defensor del Pueblo, entre otros textos.

Cabe recordar que en la anterior ley educativa, la LOMCE, la redacción de la citada disposición adicional era diferente, pues aparecía en ella la expresión «vehicular» de forma explícita. «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable», recogía ese punto de la LOMCE.

Actualmente, en la Lomloe o «ley Celaá», la citada disposición señala que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable». Para las entidades constitucionalistas citadas, la actual redacción supone «a pesar de su literalidad y aparente respeto a la Constitución, un fraude legislativo» y por ello los partidos del Senado deberían «rechazarla o proponer una nueva redacción».