Las franquicias de Vitaldent pagaban canon hasta por las jeringuillas

Desde la carísima mesa de la recepción hasta las jeringuillas desechables. Los franquiciados de Vitaldent tenían que adquirir todo el material a la marca a unos precios desorbitados y a eso había que sumar el alquiler de los locales para las clínicas, la formación y, por supuesto, la suma de cánones: los ya famosos diez mil euros mensuales que tenían que entregar o el 5 por ciento en concepto de publicidad que se exigía a todos los franquiciados y que gestionaba el vicepresidente Bartolo Conte. «Lograban estrangular económicamente el negocio, los llevaban a la ruina, exigiendo pagos por todo sin concepto ni contraprestación», admite a ABC el abogado Ernesto Sanguino, uno de los socios del bufete sevillano que presentó la denuncia inicial.

El abogado relata algunos de esos estrambóticos pagos y los sobrecostes que suponían a las clínicas: «el triple o el cuádruple de su precio real, según hemos constatado», resalta el letrado. Jeringuillas pagadas a Vitaldent a quince euros, que en el mercado no pasaban de tres euros; campañas de publicidad que o bien no se hacían o valían la mitad; les obligaron a instalar un sistema informático por el que pagaron cinco veces su precio real -en el auto de prisión de la cúpula directiva la jueza señala que diseñaron un sistema informático ad hoc para soportar la doble contabilidad-. «Hay franquiciados a los que han estafado más de un millón de euros, aunque el perjuicio depende de los casos», explica Sanguino.

La denuncia con la que acudieron a la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2012 está interpuesta por cinco franquiciados con clínicas dentales en distintos puntos de Andalucía. Esta semana se ha sumado una sexta persona de Extremadura. Al bufete le llueven las consultas de decenas de afectados con los que se reunirán la próxima semana. El objetivo es doble: adherirse en algunos casos a la acusación contra la cúpula de Vitaldent y garantizar el funcionamiento de las clínicas. El mismo martes se solicitó al Juzgado la designación de un administrador judicial, pero aún no ha sido nombrado.

Primera denuncia en Sevilla

El primer cliente, un franquiciado de Sevilla, acudió al bufete describiendo un contrato de adhesión abusivo que penalizaba cada actuación. Poco después llegaron los demás. Los casos eran idénticos, al margen del perjuicio económico. «A algún sitio tendría que ir todo ese dinero y nosotros intuíamos que había detrás una organización criminal», prosigue el abogado. Tanto su bufete como Vitaldent niegan que se haya utilizado material de escasa calidad. «Estamos hablando de delitos económicos, no de negligencias médicas». La operación Topolino continúa abierta. Ni siquiera ha empezado el análisis de la ingente cantidad de documentación intervenida.