España perderá 615 millones si se deroga la Lomce

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –la Lomce– aún no ha terminado de implantarse y ya se debatirá mañana en el Parlamento su paralización y posterior derogación en seis meses. De aprobarse la propuesta del PSOE, más de 600 millones de euros de financiación de la UE quedarán en el aire.

Implantar la Lomce en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la Formación Profesional (FP) Básica habrá costado en 2017, según datos del Ministerio de Educación, casi mil millones de euros, de los que Bruselas aportará 615 a través del Fondo Social Europeo. Entre sus objetivos está prevenir el abandono escolar temprano, que en el caso de España es de los más altos de la UE.

Por eso ha asignado recursos para los nuevos itinerarios de la ESO (el desdoble entre disciplinas académicas y aplicadas, estas últimas encaminadas hacia la FP) y la implantación de la propia FP Básica, una de las grandes apuestas del Ministerio de Educación para reducir el fracaso escolar.

El problema de estos fondos, según explican a ABC fuentes de Educación, es que «son finalistas; la UE los paga una vez que se han gastado y se comprueba que se destinaron a lo que se aprobó». El Ministerio, por lo tanto, es el primero que adelanta el dinero a las Comunidades Autónomas. Y en diciembre de 2015 ya se les habían transferido 168 millones, 118 de los cuales corrieron a cargo de los fondos europeos. A lo largo de este año, se adelantarán otros 368 millones (234 de la UE), lo que elevará la cifra a finales de 2016 hasta los 536 millones (352 de la UE), y a un total de 960 millones (615, de la UE) a finales de 2017. Ese año finalizará la implantación de la polémica reforma educativa diseñada por el anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Si los programas que la UE aprobó financiar desaparecen, pero el Gobierno español ya ha adelantado el dinero a las Comunidades, Bruselas no se haría cargo de las cantidades comprometidas. A fecha de hoy, según aseguran fuentes solventes de Educación, «supondría perder seguro 118 millones de euros, de los 168 que hasta diciembre de 2015 ya adelantó el Gobierno». Pero esa cantidad irá creciendo conforme continúe implantándose la Lomce, porque la proposición del PSOE no conseguirá frenar la Lomce debido a que su calendario de implantación –a diferencia de otras leyes educativas que lo desarrollan en Reales Decretos posteriores– está en la propia ley orgánica y requiere, por tanto, de otra norma de la misma categoría para ser modificada. Esto obliga a tener una mayoría absoluta que, de momento, no ha conseguido afianzar ninguna opción política.

Sin pacto de Gobierno que saque al PP del poder, el actual Ejecutivo en funciones ya habrá adelantado a finales de este año 536 millones de euros. Y la paralización de los programas para los que Bruselas ha comprometido el dinero abriría un horizonte financiero incierto puesto que «el reparto del Fondo Social Europeo es fruto de un acuerdo con la Comisión Europea. Si cambia el escenario, habría que volver a renegociar todo lo que ya estaba cerrado», advierten desde Educación.

Alumnos y profesores

Más allá de los fondos europeos, la derogación traería muchas complicaciones a profesores y alumnos. Para Jesús Pueyo, secretariogeneral del sindicato FSIE, mayoritario en la Educación concertada, poner punto y final precipitadamente a la Lomce sería «un caos». Pueyo asegura a ABC que hacerlo sin haber alcanzado antes un verdadero Pacto de Estado «causaría un enorme perjuicio a los alumnos». De hecho, la incertidumbre ya pasa factura. «Los profesores tienen que preparar el curso que viene y no saben a qué atenerse. Entendemos que la situación política es complicada, pero alguien debería pensar en los alumnos», afirma.

Volver a la LOE, tampoco es una opción. El presidente del sindicato independiente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, cree que «es un modelo superado en sus aspectos pedagógicos». Además, la LOE fue derogada por la Lomce y «elaborar en seis meses una nueva ley orgánica es inviable». En este sentido, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, recuerda a este diario que «la Logse y la LOCE requirieron dos años de elaboración, y la LOE 18 meses».

Por todo esto, el sindicato de funcionarios CSI-F reclama pragmatismo. Su presidente nacional de Educación, Mario Gutiérrez, piensa que antes de derogar la ley se pueden hacer cosas más útiles, «como la anulación de los Reales Decretos de racionalización del gasto público en el sistema educativo». Con esta medida «se harían cambios importantes en el aumento de las plantillas, la ratio profesor-alumno y los horarios lectivos, sin tocar la estructura de la enseñanza», defiende.

Sin embargo, hay otros que reclaman todo lo contrario. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada entre otros por la Asociación de Padres Ceapa, el Sindicato de Estudiantes, UGT, CGT y CC,OO., cree que las «medidas que se deberían de adoptar para eliminar el ataque a la educación pública se están eternizando en el tiempo». Por eso, reclamaban la pasada semana «la derogación de la Lomce y la reversión de los recortes educativos». A su juicio, «un Gobierno en funciones carece de legitimación democrática» para seguir aplicando las políticas de la Lomce. Y aunque la ley solo lleva dos cursos en vigor, consideran que «su fracaso es una obviedad que nadie discute ya».