Una empleada del aeropuerto de Son Sant Joan lleva a su empresa a juicio por prohibirle llevar el velo islámico

Un Juzgado de lo Social de Palma acogió este martes una vista oral vinculada a la posibilidad de poder portar o no velo islámico en el trabajo. Una empleada de Acciona en el aeropuerto palmesano de Son Sant Joan, Ana Saidi Rodríguez, de nacionalidad española y religión musulmana, ha llevado a su empresa a juicio porque entiende que habría vulnerado su derecho a la libertad religiosa al prohibirle portar el «hiyab» durante el horario laboral.

La abogada de Acciona en este caso sostuvo en la vista, por contra, que no se habría producido ninguna discriminación laboral de dicha empleada por motivos religiosos, ya que únicamente se le habría aplicado el mismo protocolo relativo a la vestimenta que rige para toda la plantilla.

Dicho protocolo también prohíbe, por ejemplo, el uso de elementos externos como pendientes o tatuajes. El uniforme aeroportuario de las mujeres que trabajan para Acciona en Son Sant Joan está conformado en la actualidad por pantalón, camisa, chaqueta, zapatos y bolso.

La demandante trabaja desde 2007 en el servicio de «handling» de Acciona en el aeropuerto palmesano, en el departamento de facturación, de cara al público. Su actual condición laboral es de fija discontinua, lo que significa que normalmente sólo trabaja en los meses de temporada alta, que en Baleares suelen situarse entre mayo y octubre.

La mujer explicó este martes ante la juez, Victoria Pelufo, que con el paso del tiempo su sentimiento religioso se había ido haciendo cada vez más fuerte. Finalmente, en diciembre del pasado año, Ana Saidi decidió por vez primera acudir con el velo a su lugar de trabajo. Ese primer día su jefe le permitió portar el «hiyab», pero no los siguientes, después de haber consultado con la dirección y haber sido informado de que el uso de esa prenda suponía una modificación no autorizada del uniforme reglamentario.

Aun así, con posterioridad la empleada decidió seguir portando el velo islámico. La reacción de la empresa fue la apertura de siete expedientes disciplinarios, que concluyeron en suspensiones de empleo y sueldo por otras tantas faltas graves.

En la vista celebrada este martes, la abogada de Ana Saidi, Margarita Montaner, presentó un informe psicológico en el que se señala que dichos expedientes han causado perjuicios a su cliente. La letrada reclamó, además, los más de 4.000 euros que esta empleada ha dejado de percibir por las sucesivas suspensiones de empleo y sueldo que le han sido impuestas. Finalmente, también pidió que se condene a Acciona por los daños morales que habría causado a Ana Saidi.

Por su parte, el Ministerio Público decidió apoyar finalmente la posición de la demandante, tras haber escuchado previamente todos los testimonios expuestos en la vista.