Baleares
Detenidas tres personas por distribuir alimentos en mal estado en restaurantes, hoteles y escuelas
Los arrestados en Mallorca falsificaban las etiquetas, descongelaban los productos en agua caliente o les añadían vísceras y sangre de cerdo para aumentar su peso
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud, han detenido en Mallorca al dueño de una empresa cárnica y a dos de sus encargados, «por la distribución de alimentos cuyo estado ponía en peligro la salud pública de los consumidores ».
Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía a través de un comunicado, se han intervenido 50 toneladas de productos congelados caducados y manipulados, «que se distribuían en restaurantes, hoteles y centros escolares de la isla». Los detenidos, presuntamente, cambiaban y falsificaban las etiquetas originales, descongelaban los productos en agua caliente o les añadían vísceras y sangre de cerdo para aumentar su peso. En ese contexto, se llegó a detectar la bacteria de la «salmonella» en una partida de carne. A los tres arrestados se les imputa, presuntamente, un delito contra la salud pública, falsedad documental, delitos contra los trabajadores y contra la Seguridad Social.
Las investigaciones se iniciaron a principios de este mes de marzo. Los agentes tuvieron conocimiento de que una empresa cárnica, ubicada en el término municipal mallorquín de Marratxí, podía estar incumpliendo la normativa sanitaria sobre la distribución y almacenaje de alimentos, además de atentar contra los derechos de los trabajadores. Los agentes realizaron un mínimo de siete visitas a las instalaciones de la empresa cárnica así como a proveedores y a clientes de la misma.
Según ha avanzado este miércoles «Diario de Mallorca», las detenciones se produjeron la pasada semana. El propietario de la empresa declaró ante el juez y quedó en libertad con cargos, en concreto, con la obligación de comparecer cada 15 días en el Juzgado. El abogado del detenido alegó que su cliente había sido denunciado por varios trabajadores a los que había despedido. Asimismo, indicó que dicho empresario no vendía los productos que caducaban.
Indagación policial
Tras hacer las pertinentes indagaciones, se delimitaron dos naves industriales, una propiedad del empresario y un espacio alquilado en una segunda nave, «donde se detectaron numerosas irregularidades sanitarias y laborales».
En el registro de la nave propiedad del empresario, «se localizó una cámara de congelación que contenía más de 30.000 kilos de carne congelada caducada, modificada , manipulada, sin identificación o sin trazabilidad». Asimismo, se hallaron numerosos productos alimentarios «como latas en conserva, salmón ahumado, pulpo cocido y otros comestibles cuya fecha de caducidad se encontraba vencida, en algunos casos desde hacía tres años».
Durante el operativo se precintó un espacio que el empresario tenía alquilado en una nave de Palma. En ella guardaba unos 7.000 kilos de carne congelada, que al igual que los anteriores se encontraban caducados o sin etiqueta. «Las investigaciones realizadas acreditaron que, si bien el producto en sus inicios era bueno, la empresa no respetaba la normativa sanitaria de almacenamiento y distribución del mismo, llegando a descongelar productos cárnicos en agua caliente y vendiendo productos frescos caducados falsificando las etiquetas originales», explica el comunicado.
Condiciones deficientes
Entre sus clientes había diferentes restaurantes, hoteles y numerosos centros escolares de Mallorca. Los agentes pudieron constatar que, en varias ocasiones, cuando conocían que sus clientes no controlaban el peso de la compra, «abusaban de esa confianza para facturar un peso superior al realmente entregado ». Si un cliente devolvía género debido a que el mismo se encontraba en mal estado, «optaban por quitar o limpiar las partes afectadas del producto para volver a ser congelado y, posteriormente, suministrado a otro cliente de forma directa o en carne picada».
Las deficiencias sanitarias observadas constituyen un peligro para la salud pública por lo que, en diferentes actuaciones, se ordenó la suspensión de actividades, se precintaron congeladores y se inmovilizaron unas 50 toneladas de productos. Actualmente, la actividad sigue suspendida.
Durante la investigación se pudo determinar, además, cómo de forma continuada los detenidos «incumplían la normativa legal de los derechos de los trabajadores, con jornadas de 60 horas semanales en algunas ocasiones, sin derecho a pagas extras y en algunos casos a vacaciones, obligando a los trabajadores a firmar nóminas por importes superiores a los que realmente cobraban». Asimismo, los empleados eran obligados a adquirir su propio material «para poder realizar sus funciones laborales de manera segura, llegando a comprarse sus cuchillos y guantes metálicos para el corte de carne, así como ropa para el trabajo en frío, e incluso en algún caso, aportar su vehículo particular no refrigerado para transportar el género».
