La UE desbloquea 2.200 millones para la política del agua en España

España podrá acceder a partir de ahora a subvenciones comunitarias por importe de 2.200 millones de euros (Fondos Feder y Feader), que permanecían bloqueados como consecuencia del incumplimiento, por parte del anterior Gobierno socialista, de la Directiva Marco del Agua.

Esta lluvia de millones podrán llegar a España después de que la Comisión Europea haya archivado los tres expedientes sancionadores que se le abrieron al anterior Gobierno socialista, según ha podido saber ABC, y que podrían haber obligado al Gobierno a desembolsar unos cien millones de euros. Un procedimiento de infracción que tuvo como consecuencia una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2012, al comprobar que España no había aprobado en 2009 todos los planes hidrológicos, al que le obligaba la directiva comunitaria (solo había uno).

Hasta llegar a la resolución final de esta situación que tanto estaba perjudicando a España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha tenido que realizar un importante esfuerzo para aprobar en esta legislatura 16 planes de cuenca, de las 25 demarcaciones que existen en España. Con ello se trataba de cumplir el compromiso de acompasar el ritmo de planificación de España al del resto de Europa.

El Gobierno puso punto y final a este incumplimiento el pasado día 8 de enero, cuando el Consejo de Ministros aprobó 16 planes de cuenca del segundo ciclo (2016-2021), 12 de competencia estatal y 4 autonómica. Una vez que dio luz verde a estos proyectos, solo quedan pendientes los de competencia autonómica que afectan a Cataluña y las Islas Canarias. A estos planes de cuenca hay que sumar la aprobación de la planificación del primer ciclo (2009-2015).

Retraso de siete años

Con un retraso de siete años respecto a lo que marca la directiva comunitaria, España ve culminada su planificación hidrológica y puede hacer frente a nuevos proyectos con cargo a estos fondos europeos. Cumplida la condición indispensable para poder contar con este dinero, el Ministerio ya tiene elaborado su proyecto de actuaciones que será financiado con las subvenciones comunitarias. Por una parte, 700.592.000 euros irán destinados al Plan Crece, que cuenta con un presupuesto de 1.100, el resto de la inversión será aportada por el Estado. El dinero procede de los Feder.

Este plan fue aprobado por el Ejecutivo en 2014 y contempla una serie de actuaciones de depuración y saneamiento para el periodo 2014-2020. El objetivo es avanzar en el tratamiento de las aguas residuales urbanas y cumplir con la mejora de la calidad del agua.

Diez serán las comunidades que se verán beneficiadas con este plan. Andalucía recibirá la cuantía más elevada, 186,8 millones para 13 actuaciones, entre ellas el saneamiento y la depuración de los municipios del Bajo Guadiaro, la depuradora y los colectores de San Martín del Tesorillo en Cádiz o un proyecto de agrupación de vertidos en Gerena (Sevilla). Le sigue Extremadura con 146,5 para la depurasdora de Cáceres, Villafranca de los Barros y Badajoz, así como el saneamiento de varios núcleos en Vegas Bajas (Badajoz).

«Gran logro»

La segunda inversión importante estará destinada a la política de regadíos y se financiarán con cargo al Feader. Los regadíos tienen un potencial socioeconómico muy alto, ya que el ochenta por ciento del consumo del agua va asociado a los usos en regadíos.

Desde el Ministerio de Agricultura se ha recibido con satisfacción el archivo de las sanciones a España, como así lo subrayó a ABC la directora general del Agua, Liana Ardiles. «Es un gran logro. Este Gobierno se encontró con la situación de que ni siquiera estaban aprobado los planes de 2009, ni se había iniciado la revisión de los mismos. Haber conseguido el archivo del expediente es una valoración muy positiva del trabajo que este Gobierno ha hecho aprobando en 2013 y 2014 los planes que deberían haber estado en 2009; y también se valora el segundo ciclo de planficación».

La responsable de este departamento ministerial criticó la «mala gestión» que de la política del agua realizó el Gobierno socialista y puso en valor el «proceso de participación y concertación» llevado a cabo por el Ejecutivo de Rajoy.