El defensor del pueblo formula en 2015 más de 1.500 resoluciones a las administraciones

La oficina del Defensor del Pueblo ha formulado más de 1.500 resoluciones a las administraciones en 2015, cuando ha iniciado también alrededor de 500 actuaciones de oficio, según informó este martes en un comunicado el departamento que dirige Soledad Becerril. Este departamento hace balance de lo realizado por la oficina a lo largo del año que ahora termina y señala que su titular ha comparecido ante las Cortes Generales en cinco ocasiones y ha presentado informes y cinco estudios monográficos sobre las urgencias hospitalarias, la escucha del menor, la situación de los presos españoles en el extranjero, seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil y tramitación de licencias urbanísticas. Además, la oficina de Becerril ha reformado en 2015 su página web «para mejorar la transparencia y el servicio a los ciudadanos», que ahora pueden presentar sus quejas de forma online y que, según la institución, hacen unas mil visitas diarias a la página.

También ha reducido el Defensor del Pueblo el tiempo medio de respuesta a los ciudadanos, que, comparado con el de 2012, ha disminuido más de la mitad en número de días. En este sentido, la oficina de Becerril indica que en 2015 la Institución tardó una media de 29,25 días en responder a los ciudadanos, frente a los 64 días que se demoraba en 2012.

Entre las actuaciones llevadas a cabo por Becerril este año figuran las relacionadas con la insistencia de apertura de comedores escolares los fines de semana y periodos vacacionales, o con la creación de un sistema sencillo de clasificación de productos financieros en función del riesgo. En este último caso, la oficina recuerda que el pasado mes de noviembre se publicó una orden ministerial en el BOE que obliga a las entidades financieras a advertir a sus clientes del riesgo de los productos financieros que ofrecen, mediante un sistema de colores o de números. Otras recomendaciones de Becerril atendidas por el Gobierno, recuerda la institución, son las relacionadas con la trata, que quedan recogidas en el plan elaborado por el Ejecutivo, o con la ampliación de plazas para personas con discapacidad en convocatorias de Educación. En concreto, el Ministerio de Educación aceptó una recomendación para ampliar el número de plazas ofertadas a los alumnos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en cada centro y por cada titulación, hasta completar el cinco por ciento de reserva para personas con discapacidad en la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso. Y la Real Academia Española de la Lengua (RAE) añadirá en su próximo Diccionario una nota de uso que advertirá del significado «ofensivo o discriminatorio» de las acepciones «trapacero» y «trapacería» para definir las palabras «gitano» y “gitanada”, como pidió el Defensor del Pueblo.

Finalmente, esta institución prepara un estudio monográfico sobre la calidad de la atención que reciben los menores de 16 años con daño cerebral adquirido, por parte de las administraciones sanitaria y educativa. El Defensor del Pueblo quiere conocer qué medidas de primera atención especializada, rehabilitación temprana y de apoyo educativo y para la inclusión social tienen a su alcance estos menores. También quiere identificar las principales dificultades a las que se enfrentan en lo referente a normas, organización y recursos.