Acuerdo entre PP y PSOE para que los jueces se formen en violencia de género
Los socialistas aceptan la enmienda del PP para que el curso de especialización no cuente más que la experiencia
PP y PSOE han alcanzado este miércoles un acuerdo para que los jueces tengan formación en violencia de género . La forma y el contenido de la reforma que quiere aprobar el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a la formación en violencia de género de los jueces, había provocado un profundo malestar en una parte de la judicatura, tal como habían denunciado a ABC fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura. Sin embargo, el acuerdo se ha alcanzado aceptando una de las enmiendas del PP que pedía que la especialización en violencia de género no prevaleciera sobre la experiencia de los magistrados.
La queja más importante del colectivo era la que afectaba a los principios de mérito y capacidad que deben primar en la promoción profesional de la judicatura. En principio, la reforma se planteó en los términos en que, se podía dar el caso de que un juez con la especialización en violencia de género, aunque con solo dos años de experiencia, pudiera acceder al Tribunal Supremo , por encima de otro que contara con 20 años de profesión. Sin embargo, con la enmienda aceptada que había presentado el PP, este punto desaparece.
Esta tramitación parlamentaria de modificación legislativa, en cumplimiento de uno de los puntos del Pacto contra la Violencia de Género, se inició el pasado mes de junio con la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista . Un texto que recoge, entre otras cuestiones, cómo será el proceso de especialización de los jueces, en lo que se refiere a las pruebas específicas para acceder a los órganos judiciales.
Reunión en el Congreso
El malestar judicial ha aflorado en el trámite de enmiendas, cuyo plazo de presentación ya ha finalizado. Precisamente hoy, volverá a reunirse la Ponencia para intentar alcanzar un acuerdo político. El PSOE remitió ayer a los grupos parlamentarios un nuevo texto transaccional.
Las discrepancias de un sector de la judicatura se centran, fundamentalmente, en dos aspectos: el contenido y la forma. En lo que respecta al contenido, las fuentes consultadas denuncian que «se introduce una especialización en materia de violencia de género, a la que le atribuye unos efectos que inciden de manera excesivamente profunda en la promoción profesional».
Estos efectos son, por ejemplo, que «los jueces que aprueben esta especialización tienen preferencia absoluta para ir a cualquier sección de cualquier Audiencia Provincial que tenga atribuida la materia de violencia de género. Ello supone que, un juez con dos años de experiencia, que apruebe la especialización, tendría prioridad para ir a esas salas de la Audiencia, sobre alguien que llevara treinta años de experiencia en Instrucción, por ejemplo».
Otra consecuencia negativa del valor que se le da a la especialización en violencia de género sobre la experiencia se puede producir a la hora de acceder al Tribunal Supremo. Los jueces critican que «se asimile la especialización en violencia de género a la de toda la materia penal ,cuando la primera es un ámbito de la segunda a los efectos, por ejemplo, del acceso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo». Sobre esta cuestión, alertan de que «un juez con dos años de experiencia» ,que apruebe el curso de especialización en violencia de género, «está en igualdad de condiciones que un especialista en Penal a la hora de acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es lógico que una persona con dos años de experiencia pueda ir al Supremo ¿Dónde está la trayectoria profesional, los principios de mérito y capacidad sobre los que debe fundamentarse?».
Al margen de los jueces
La segunda discrepancia de la judicatura está relacionada con la forma elegida por el Gobierno para «modificar algo tan relevante como el estatuto órganico del juez, prescindiendo del órgano que constitucionalmente tiene la función de velar por ese estatuto, que es el Consejo General del Poder Judicial». Al utilizar el mecanismo de la Proposición de Ley, los jueces consideran que «se orilla por completo al órgano competente para emitir informe, al ser el que mejor conoce la situación que se quiere regular. Se ha hecho al margen de las asociaciones de jueces. Lo lógico hubiera sido presentar un Proyecto de Ley».
La Asociación Profesional de la Magistratura considera «grave» que no se haya contado con ellos y espera que «en fase de enmiendas se mejore el texto, con el objetivo de no alterar mecanismos que son esenciales para el estatuto del juez».
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