«Covid irresponsables» ante la Justicia por no confinarse
García Page propone actuar judicialmente contra «irresponsables» que acudan a eventos sociales con síntomas evidentes de Covid y se añade a las medidas adoptadas por Andalucía: 60.000 euros por causar grandes brotes
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La irresponsabilidad, negligencia y temeridad a la hora de cumplir con las normas establecidas para contener el avance cada vez más preocupante del coronavirus podría tener otro elemento de combate para su eliminación desde la propia administración, mediante la acción judicial contra aquellos «irresponsables» que con su conducta ponen en peligro la salud y la vida de los demás.
Esa posibilidad fue apuntada ayer por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , que anunció que su Gobierno ha encargado un estudio jurídico para que la autoridad sanitaria pueda personarse «desde el punto de vista fiscal y judicial» en aquellos casos de personas que con « síntomas claros y evidentes no han hecho una autocontención y acuden a eventos sociales», aún sabiendo que pueden estar contagiados de coronavirus .
No obstante, la iniciativa necesita precisión y sobre todo una seguridad jurídica de que las acciones judiciales pueden tener su efecto. Saber, por ejemplo, si una prueba PCR es elemento probatorio necesario y suficiente para ir contra quien incumple su deber de autocontenerse o solo el mero hecho de los síntomas puede propiciar ir contra quien lleva a cabo una conducta negligente, informa Isabel Vega .
No sería la primera advertencia contra quienes actúan con irresponsabilidad ante la pandemia del coronavirus . La Junta de Andalucía también ha aprobado sanciones ejemplarizantes que van desde los 100 euros -por no llevar mascarilla- hasta los 60.000 euros por causar grandes brotes .
Fuentes del Gobierno regional señalaron a ABC que en estos momentos el gabinete de Presidencia y los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional por un supuesto caso de atentado contra la salud pública, delito que sería aplicable a aquellas personas que «de forma deliberada, consciente, flagrante e irresponsable se salten las medidas sanitarias obligatorias».
En este ámbito podrían situarse actuaciones como la concentración contra el uso de mascarillas celebrada la semana pasada en Madrid , un episodio del que Page dijo ayer que «no es de recibo».
Desde la Junta de Castilla-La Mancha apuntaron también que estas acciones ante los tribunales se podrían llevar a cabo no solo en el caso flagrante de tener ya una prueba diagnóstica positiva y a pesar de eso se mantuviera una relación social. Los servicios jurídicos van a analizar la posibilidad de ejecutar esta vía incluso en el supuesto de una persona que con claros síntomas de coronavirus, como fiebre o tos, mantenga contactos sociales , o también si a falta del resultado de la prueba para determinar si tiene o no contagio el afectado no se aísla sino que mantiene relaciones sociales.
En este sentido, se refirieron a un caso reciente de un funeral en Toledo en el que una persona, a sabiendas, por las pruebas, de ser un caso positivo de coronavirus, acudió a dar el pésame , provocando un número elevado de contagios.
Obligación ciudada
Además de llamar a la prudencia y al seguimiento de las normas de «disciplina epidemiológica», García-Page señaló que «tenemos que asumir todos que el que tiene un síntoma tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria y autolimitarse en sus contactos».
Aunque Page no concretó en qué términos se reforzaría esa persecución judicial de la imprudencia, las comunidades autónomas están legitimadas tanto para la interposición de una denuncia, ya sea por una infracción administrativa o una de tipo penal, como para personarse como acusación popular a fin de impulsar el procedimiento. Si bien suele ser la Fiscalía quién lleva el peso de la acusación en estos casos, y la Abogacía del Estado la que defiende los intereses de la administración pública cuando se ve afectada, no sería del todo extraño: en violencia de género, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se persona como acusación popular en los casos de feminicidio.
Tras anunciar que el ejecutivo autonómico aprobará el próximo viernes en Consejo de Gobierno medidas más drásticas en Castilla-La Mancha para combatir los brotes, el presidente autonómico afirmó que la mayoría de la sociedad «lo está haciendo bien», y por eso pidió «centrar el tiro» en quienes no cumplen las normas.
Consenso de Estado
Aparte de las medidas judiciales contra quienes no respeten las normas, García-Page también apuntó que «en España tenemos derecho a tener cierto optimismo realista», y para ello pidió «un consenso de Estado que permita una plataforma conjunta de reacción frente al virus », con el convencimiento de que «quizá alguna de las decisiones que está tomando el Partido Popular en la oposición ayuden a ello».
La propuesta de García-Page pasa por fijar «un mínimo común denominador gracias al que se puedan conseguir grandes objetivos», una iniciativa que sería la gran tarea para el mes de septiembre. A su juicio se trataría de un acuerdo para los próximos cinco o diez años. «No digo que todos tengamos las mismas soluciones, digo que el consenso siempre es bueno y parece obligado un cierto consenso estatal o nacional que se debe extender a los territorios».
