El Congreso rechaza que no se exijan la lenguas cooficiales para ser funcionario
PP y Ciudadanos se quedan solos en la defensa de una Proposición de Ley para que el conocimiento de las lenguas sea un mérito y no un requisito
El Congreso ha rechazado por 176 votos en contra y 168 a favor que no se exija conocer la lengua cooficial para aspirar a un empleo público y que se considere simplemente un mérito . La Cámara votará al final del Pleno contra Proposición de Ley de Ciudadanos de garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin disctriminación por razones lingüísticas.
Ciudadanos considera que se han establecido «barreras lingüísticas para discriminar a los funcionarios », y que en Comunidades como Baleres se han quedado vacantes algunas plazas en la sanidad pública porque algunos aspirantes no podían acreditar un nivel suficiente de catalán .
En la defensa de la toma en consideración de esta ley, con la que se pretende modificar la Ley Del Estatuto Básico del Empleado Público, El el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó , afirmó que «la libertad y la igualdad no existe en algunos lugares de España y debemos recuperar la normalidad del artículo 3 de la Constitución , que dice que el castellano es la lengua oficial y reconoce la cooficialidad de otras lenguas. La protección de las lenguas nos preocupa».
A juicio de Cantó, «esta convivencia a veces no es respetuosa y se producen algunos abusos, como en el ámbito de la educación. Es un hecho que el español ha desaparecido en Cataluña . Baleares, Valencia y Galicia» y responsabilizó de ello «a los nacionalistas y al PP y al PSOE, que han mirado para el otro lado».
Un mérito y no un requisito
Ciudadanos señaló que su propuesta «pretende garantizar que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso al empleo público. Que el conocimiento de la lengua sea un mérito y no un requisito. Creemos que un trabajador tiene que tener las mismas facilidades para su carrera en cualquier lugar de España».
Finalmente, pidió al PP y PSOE «valentía y que no actúen al dictado de los nacionalistas».
El debate sobre esta propuesta se desarrolló en un tono bronco, en el que la presidenta del Congreso, Ana Pastor , tuvo que llamar al orden en reiteradas ocasiones, amenazando incluso a Toni Cantó con expulsarlo del Hemiciclo, en un enfrentamiento con el diputado Seri Miquel del PdeCat .
«Imponer la lengua»
El Partido Popular apoyó la propuesta de Ciudadanos, aunque reclamó «humildad para alcanzar acuerdos con todos» y le recordó que «cuando ustedes tenían cero diputados en esta Cámara, ya defendíamos la libertad de educación y la supresión de las barreras lingüísticas. Con ustedes no nació esto», afirmó el diputado Miguel Barrachina .
Desde el PSOE se acusó a la formación de Rivera de querer «imponer una lengua sobre la otra» y de « desconocer la realidad ». En este sentido, le advirtió de que si se aprueba esta propuesta «supondría el quebrantamiento del acceso de la ciudadanía a la función pública en igualdad de condiciones». Además, subrayó que atenta contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e «ignora las competencias de las comunidades», según señaló la diputada María Mercé i Conillas.
Podemos rechazó la propuesta, asegurando que «quieren convertir España en La Vetusta de La Regenta. Hasta que ustedes nacionaron no había conflicto lingüístico. No les importa la política de tierra quemada siempre que suponga un rédito político», aseguró Joan Mena .
«Fobia al catalán»
A juicio de esta formación política, lo único que pretende Ciudadanos es «ampliar el clima de tensión creando conflictos que no existen. No se puede gobernar España teniendo fobia al catalán. Dejen de ser la Santa Inquisición de las lenguas y que la gente piense en la lengua que le dé la gana».
ERC desafió a Ciudadanos afirmando que »lo tienen muy mal para poder acabar con las lenguas minorizadas. Si no pudieron durante 40 años los fascistas, no lo van a conseguir en democracia», señaló Joan Tardá.
El PNV rechazó la Proposición de Ley afirmando que«parece que los derechos solo lo tienen los castellanoparlantes y los demás, no», redordando que «los derechos lingüísticos de otra persona obligan a la administración a que a esa persona se le atienda», según señaló el diputado Joseba Andoni Agirretxea. Finalmente, aseguró que Ciudadanos «viene con su fobia y con una clara intencionalidad incendiaria » y que esta iniciativa «se salta el ámbito competencial».
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