Las comunidades exigen al Gobierno que no se incluyan en el déficit los fármacos de la hepatitis C

La mayoría de comunidades autónomas, incluidas algunas del PP como Castilla y León, reclaman al Gobierno que no compute como déficit público el gasto de lostratamientos para la hepatitis Ctal y como prometió hace un año el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, cuando se aprobó el Plan Estratégico Nacional, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este miércoles.

Al inicio de la reunión, que ha comenzado a las 16.00 horas en la sede del Ministerio, la mayoría de consejeros autonómicos de Sanidad y Salud han reprochado al Ejecutivo en funciones y, en particular, al titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Crístóbal Montoro, que achacara al gasto de los nuevos fármacos de la hepatitis C el desvío del déficit público de las comunidades en 2015, a pesar de que este tema no está incluido en el orden del día de la reunión.

Sobre todo, han añadido, cuando hace un año Sanidad y Hacienda presentaron el plan de financiación de estos fármacos y garantizaron que no computaría como déficit «a efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria», según dijo entonces Alonso, para que «ninguna comunidad tenga problemas para afrontar esta situación».

Malestar entre las comunidades

«No es razonable que el mismo Gobierno que nos reclama cumplir los objetivos de déficit, apruebe un plan estratégico e incorpore medicamentos de elevado coste, es una contradicción (...) Hacienda en su momento se comprometió a que no iba a computar como déficit y lo seguimos reivindicando», ha denunciado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

También lo ha criticado el conseller de Salut de Cataluña, Toni Comín, que defiende que «la lealtad institucional consiste en no decidir a solas sobre una política y hacer que la financie otra institución» y pide «buscar alguna solución» para seguir tratando a estos pacientes. En su caso, ha reconocido que Cataluña está financiando estos fármacos «en base a su presupuesto» y argumenta que «eso explica la desviación presupuestaria del Departamento de Salut sea la mayor de la historia».

Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha tachado de «barbaridad» y «despropósito» que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, haya anunciado que todos los pacientes están ya tratados y que, por tanto, «no va a financiar» el tratamiento para esta enfermedad en el año 2016. «Esto nos parece una barbaridad y una irresponsabilidad por parte del Gobierno de España», ha recalcado a la entrada al CISNS.

El consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha recordado que se prometió que se iban a financiar los tratamientos durante 3 años y ha avisado de que las comunidades autónomas «no pueden soportar» esa infrafinanciación. «Están trastornándonos a las comunidades de una manera intencionada», ha lamentado.

Con la misma opinión, el consejero de Asturias, Francisco del Busto, quien ha calificado de «desafortunadas» las declaraciones de Montoro y ha avisado de que son las asociaciones de pacientes quienes deben de decir cuántos enfermos de hepatitis C están tratados y cuántos no. Además, Del Busto ha solicitado al departamento que dirige en funciones Alonso que explique si en 2016 se van a mantener las mismas «condiciones» que en 2015.

«Si no computa déficit, ¿qué hacemos?, ¿cerramos un hospital?», ha cuestionado la consejera de Baleares, Patricia Gómez, para solicitar «seriedad» y que se tomen los acuerdos «consensuados y reflexionados» para que no ir «pegando bandazos». Y es que, tal y como ha recordado, «no se puede jugar» con la salud de las personas, ni con un tratamiento que está siendo «tan efectivo».

«Es totalmente contraproducente. Es una medida más que genera preocupación, inquietud y que las comunidades autónomas no podemos asumirla», ha enfatizado la consejera balear.

Retirada de la prescripción enfermera

Asimismo, la mayoría de comunidades se ha referido a la situación del Real Decreto de « prescripción enfermera». Cataluña ha reclamado «la retirada lo antes posible» de esta norma «por razones de forma en la aprobación y por razones de contenido», ya que para el conseller «crea inseguridad jurídica» y es «totalmente incompatible con la práctica asistencial», lo que genera «riesgos para la seguridad clínica de los pacientes».

Castilla-La Mancha, por su parte, ha insistido en que ha generado una «distorsión absoluta» entre ambas profesionales, por lo ha vuelvo a pedir la derogación «absoluta» de la medida por los médicos y enfermeros y, también, por el Sistema Nacional de Salud, lo que «interesa a todos los españoles».

La derogación de la medida ha sido también solicitada por Del Busto quien, además, ha recordado que la «mayoría" de las comunidades han presentado recursos ante los tribunales. «Pedimos la derogación absoluta y volver a iniciar desde cero las negociaciones de todos los colectivos para llegar a un documento de consenso tanto con los médicos, enfermeros y sindicatos como con las asociaciones de pacientes porque son los que sufren esta situación», ha argumentado el consejero asturiano.

Además, la consejera de Sanidad de Baleares ha avisado de que «no se puede establecer» un nuevo marco jurídico que fomente la «confrontación» entre los profesionales ni, tampoco, «desde la inseguridad jurídica». Por ello, ha abogado por pensar qué necesitan los ciudadanos y, a partir de ahí, dar una respuesta que pase por la prescripción autónoma y la prescripción en colaboración con otros profesionales.

La Comunidad Valenciana también ha pedido su retirada hasta que no cuente con el apoyo de profesionales y CCAA, a quienes a su juicio les ha «trasladado el problema» creando «inseguridad jurídica y un conflicto entre profesionales», según Montón.

Asimismo, ha pedido que se derogue la reforma sanitaria y que se retire el recurso contencioso administrativo interpuesto a la «solución a los copagos» que han puesto en marcha esta comunidad. También ha considerado insuficiente la partida presupuestaria que repartirá Sanidad a las comunidades para atender a los refugiados, y avisa al Ejecutivo en funciones que «la solidaridad debe estar por encima del regateo».