El Cermi pide «replantearse» los módulos penitenciarios para discapacitados por ser «guetos»
El comité cree que son «víctimas de una discriminación institucional» porque impiden su inclusión social
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido que se replantee la existencia de los módulos penitenciarios para personas con discapacidad por «aislar» a este colectivo e impedir que accedan a servicios, actividades e instalaciones de las cárceles ordinarias.
Es una de las conclusiones del informe elaborado por el Cermi, a propuesta de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, que ha sido presentado este viernes con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El estudio recuerda que en España las prisiones de Estremera (Madrid), Segovia y Quatre Camins (Barcelona) disponen de los tres únicos módulos destinados a recluir «exclusivamente» a personas con discapacidad intelectual que hayan sido condenados a cárcel.
Según el Cermi, estos centros son contrarios a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, que fue ratificada por España en 2008 y que considera que estos individuos «no deben ser contemplados como objetos de protección, asistencia y cuidado, sino como auténticos sujetos plenos y activos».
El informe del Cermi, que incluye 46 recomendaciones , tacha a estos centros de «guetos penitenciarios» en los que las personas son «víctimas de una discriminación institucional» porque impiden su inclusión social.
Aun así, el Comité aboga por mantenerlos temporalmente -solo en caso de que los módulos ordinarios sean potencialmente peligrosos-, aunque advierte de que se tendrían que combinar con una política orientada a la inclusión para evitar situaciones de abuso en el entorno penitenciario ordinario.
En este sentido, el Cermi también aconseja que se sustituyan los hospitales penitenciarios psiquiátricos por recursos extra carcelarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Por otro lado, el informe también recomienda que las personas con discapacidad reciban una atención socio-sanitaria tras su estancia en prisión.
De esta manera, se evitaría la reincidencia y se fomentaría la autonomía de los ex reclusos, según el Comité, que también demanda que se eduque de forma adecuada al personal penitenciario, entre otras cuestiones.
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