La Audiencia Nacional se queda con el caso Vitaldent

La Audiencia Nacional asumirá finalmente el caso Vitaldent pese a las reticencias del juez Eloy Velasco a hacerlo. La Sala Penal ha obligado al instructor a quedarse con el caso al tratarse de un procedimiento complejo que afecta a varias comunidades autónomas, por lo que conviene su centralización. Se investiga la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad, fraude fiscal, blanqueo, apropiación indebida y delito contra la salud pública.

El caso estaba en manos de un juzgado de Majadahonda (Madrid), pero su titular se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, donde, a su vez, el juez Velasco, entendió que este tribunal no era el competente. La Fiscalía Anticorrupción recurrió su negativa ante la Sala Penal, que le ha dado la razón.

Los magistrados señalan que es un tema «de gran complejidad, no ya por el volumen y cuantías de que se trata, sino, principalmente, por el elevado número de franquiciados que participan en la operativa, que se encuentran diseminados por todo el territorio nacional».

Según las investigaciones, el fraude de estas clínicas consistió en que un grupo de personas, entre ellas el propietario de Vitaldent, diseñaron «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.

Esta trama organizada, alegaba la Fiscalía en su recurso contra la decisión de Velasco de rechazar la causa, «lleva operando con pertenencia a organización criminal, falsedad, fraude fiscal, blanqueo, apropiación indebida y delito contra la salud pública, y lo hace no solo en España, sino también en países tales como Holanda, Suiza y Luxemburgo», donde se blanqueaba el dinero.

Prácticas que se remontan a 2009

Los imputados en la causa llevaban desde 2009 realizando esas actividades delictivas, asegura el fiscal, en más de 170 clínicas repartidas por toda España (las franquicias propias), a las que hay que sumar otras múltiples clínicas dirigidas por testaferros, informa Efe.

Los últimos en declarar en este caso ante el juzgado de Majadahonda fueron los directivos de Vitaldent, que dijeron que «no sabían nada» de la existencia de una «caja» o contabilidad B de la empresa ni de las recogidas de dinero en efectivo en los franquiciados.

Otro de los investigados es el propietario de la cadena dental,Ernesto Colman, que tenía dos cuentas en Suiza y planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas