Los deberes que la ONU deja a España para 2030

La Asamblea General de las Naciones Unidas impulsa una movilización mundial de compromiso social y medioambiental con la aprobación, este viernes 25 de septiembre, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ya en el año 2000, la organización aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteando ocho metas a cumplir antes de 2015. A pesar de los notables logros, las desigualdades persisten y para ello se ha elaborado el nuevo plan para la Agenda 2030, que se centra en ocho objetivos de los 17 elegidos, que afectan a las actividades más importantes del ser humano y del medioambiente. La Cumbre mundial contará con la presencia de unos 150 jefes de Estado de Gobierno, una presencia récord en una conferencia de la ONU.

Este jueves se presentó en Madrid el informe « España frente a los retos de la agencia de desarrollo sostenible», elaborado por Oxfam Intermon y Unicef, con el objetivo de concretar los puntos en los que nuestro país ha de incidir para cumplir con las exigencias requeridas. La recesión y las medidas de austeridad aplicadas a las políticas públicas han dejado fuertes secuelas en la situación social y económica española, especialmente en los grupos más vulnerables. Por otra parte, el medioambiente también ha sufrido los efectos de la crisis y está siendo utilizado como moneda de cambio en la búsqueda de un crecimiento económico rápido, aún a costa de su sostenibilidad.

Estos son los compromisos internacionales en los que España no ha estado a la altura y para los que tendrá que buscar soluciones en los próximos 15 años.

Eliminar la pobreza

El porcentaje de población española en riesgo de pobreza ha aumentado significativamente en los últimos años. Según la encuesta de Condiciones de Vida recogida por el INE, en 2012 la población en riesgo se situaba en un 20,4%, y ascendió hasta un 22,2% en el 2013. En informe emitido por Oxfam Intermon y Unicef expone que en el pasado 2014, el 29,2% de los españoles (13,4 millones de personas) se encontraba en situación de vulnerabilidad, superando en seis puntos la media europea. Aunque en este 2015 este retroceso ha experimentado una pequeña mejora, el informe desvela que aun son 750.000 las familias que no cuentan con ningún tipo de ingreso. Si ya antes de la llegada de la crisis nuestro país presentaba puntos porcentuales elevados, ahora más del 40% de los hogares españoles no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, y consigue llegar a fin de mes con mucha dificultad.

El empobrecimiento de la sociedad española se ha levantado sobre dos pilares: una caída general de las rentas familiares y un empeoramiento de su distribución, todo ello sumado a la ausencia de garantías de protección social por parte los gobiernos.

Para 2013, la meta propuesta es reducir –respecto a las cifras del año 2000– el número de personas en situación de pobreza y exclusión hasta un máximo de 5 millones.

En esta línea, el informe alienta a «poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y lograr, para 2030, una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables».

Garantía de salud y bienestar

La garantía del derecho a la salud ha sufrido importantes retrocesos que han resultado ineficaces para el cumplimiento de los objetivos internacionales de universalidad de cobertura y de gasto público destinado a sanidad. En este sentido, el informe critica que «la disparidad del nivel de financiación pública al sector privado por parte de las CCAA, pone de manifiesto que el fomento del concierto responde más a unavoluntad políticaque a una situación de necesidad». Para 2030, el porcentaje de gasto público destinado a la financiación de conciertos con el sector privado, no debe superar el 3%.

Por otra parte, la reducción en el gasto farmacéutico ha imposibilitado a las familias con ingresos bajos hacer frente a la compra de medicamentos –del 5,4% en 2007, al 15,8% en 2013–.

La universalidad del acceso a la salud se ha visto herida después de las medidas tomadas por el gobierno. Para curar la brecha de desigualdad, el informe insta a derogar el Real Decreto Ley 16/2012, por el que más de 700.000 inmigrantes en situación irregular quedaron fuera de la atención gratuita.

Educación equitativa y para todos

En el panorama mundial, el número de niños que no asiste a la escuela se ha reducido casi a la mitad desde el año 2000. La tasa de matriculación de enseñanza primaria en las regiones en desarrollo ha alcanzado –gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio– aproximadamente el 91% en 2015, un 8% más que en el año 2000.

En las regiones en desarrollo, los niños de los hogares más pobres tienen cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela que los niños de los hogares más ricos. Una situación que parece estar reproduciéndose –aunque a menor escala– en países desarrollados como el nuestro, debido a los recortes realizados entre los años 2009 y 2013 (un 16% menos de gasto en educación). Menos profesores, menos becas y menos ayudas para libros.

En España existe casi un 100% de matriculación en edades de enseñanza obligatoria. Sin embargo, en la etapa de 0 a 3 años, la oferta pública de plazas resulta insuficiente y la tasa de escolarización es baja –del 31,5% en el curso 2012–2013–, según el informe.

En el informe también se hace referencia a la reducción de la tasa de abandono escolar temprano, que ha descendido casi un 10% desde el 2008. Aunque aun así «continúa siendo muy elevada –el 21,9% en 2014– prácticamente duplicando la media de la Unión Europea –11,1%–, y lejos de la meta acordada para España en la Estrategia Europea 2020, del 15%».

Para cumplir con los objetivos marcados por la propuesta de la ONU para 2030, el informe insta a «revertir esta tendencia aumentando los recursos presupuestarios destinados a la educación hasta alcanzar un 7% del PIB», que ahora si sitúa en torno al 4%. «La tasa de abandono escolar debe disminuir hasta un 15% en 2020 y un 10% en 2030».

Igualdad de género

Ya el pasado mes de julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas ( CEDAW), suspendía a nuestro país en materia de igualdad de género ante una prueba que el Gobierno dijo no había sido «fácil». Las más de 250 entidades que se aglutinan en la CEDAW acordaron que las respuestas de España habían sido «poco claras» y con «datos no contrastados».

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen la meta en la eliminación de cualquier forma de discriminación y de violencia hacia las mujeres y niñas.

A nivel mundial, las mujeres constituyen actualmente el 41% de los empleados remunerados, frente al 35% en 1990. La brecha salarial en nuestro país entre los hombres y las mujeres creció del 16,1% al 19,3% entre 2008 y 2013, según los datos publicados por la Agencia Europea de Estadística (Eurostat). Por el contrario, en la Unión Europea se redujo de media esta distancia en un punto porcentual.

Aunque el avance en la incorporación de las mujeres a la vida pública ha sido considerable, según el informe «los cambios en el marco legislativo e institucional han contribuido a ese proceso pero persisten patrones culturales machistas que han puesto en riesgo algunos de estos logros». La ONU deja pendiente a nuestro país reducir la brecha salarial al 15%, concretando políticas que contribuyan a esta disminución

Otro de los parámetros que mide el progreso hacia la igualdad de género es el número de horas dedicadas al cuidado familiar y el trabajo doméstico no remunerado. De acuerdo a los últimos datos disponibles –de 2010–, las mujeres dedicaban 4,29 horas diarias por 2,32 de los hombres.

La violencia contra las mujeres, calificada en el informe como «la expresión más brutal de desigualdad», también es una tarea pendiente para lograr los objetivos. En 2014 se reportaron más de 126.000 denuncias y 54 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 16 habían denunciado previamente su situación de riesgo.

Reducir la desigualdad de y entre países

La desigualdad económica constituye una de las grandes lacras sociales que más se ha agudizado como consecuencia de la crisis. Para medirla se utiliza el llamado índice de Palma, que tiene en cuenta la relación entre los ingresos del 10% más rico de la población y los del 40% más pobre. Un valor de uno significa la misma participación en los ingresos del 10% más rico que del 40% más pobre; valores superiores a uno indican una desviación a favor de los más ricos.

En España, el índice de Palma en 2014 era de 1,36. Y es que la recesión económica dejó huella. Entre 2008 y 2015 se perdieron en torno a 3,3 millones de empleos – un 16% de todo el empleo existente en el país–. Desde esa fecha la vulnerabilidad laboral de un segmento importante de la población se transformó en pobreza y exclusión.

Por si esto fuera poco, la crisis trajo asimismo –a partir de 2010– una subida generalizada de los impuestos que ha recaído fundamentalmente sobre la clase media y los trabajadores. Como es obvio, la responsabilidad también recae sobre un sistema fiscal español caracterizado por su baja progresividad y su limitada capacidad recaudatoria.

Así las cosas, la única solución válida hoy para avanzar en una mayor igualdad pasa por incrementar la oferta de empleo al tiempo que se mejoran sus condiciones, en particular, su retribución y su seguridad.  

Producción y consumo sostenibles

Tradicionalmente, España presenta peores valores de productividad de los recursos que la media de la UE. Sin embargo, con el inicio de la crisis y la consiguiente caída de la producción, los datos han mejorado. España es el sexto país de la UE en desperdicio de recursos, con 7,7 millones de toneladas en 2010, según el informe. La meta europea es reducir en un 50% el volumen de pérdidas y desperdicios en 2020, sin embargo no existen indicadores que evalúen el progreso.

El proyecto de la ONU pide alcanzar una tasa de reciclaje de residuos urbanos del 70% en 2030 mediante campañas de minimización del consumo en la industria e incrementar el reciclado y la reutilización en el ámbito municipal.

Cambio climático

En 2013, el porcentaje de consumo energético proveniente de fuentes de energía renovables era del 15,4%. Aunque nuestro país se ha ido dotando de programas para la mitigación del cambio climático, según el informe «ha recibido escasa atención en la agenda del Gobierno». La disminución de gases que se viene produciendo desde 2008 está más vinculada al efecto de la crisis que a las políticas destinadas a ello.

En octubre de 2014, el Consejo Europeo adoptó un conjunto de nuevas metas más exigentes (Paquete de Clima y Energía 2030) dirigidas a conseguir entre 2020 y 2030 una reducción de un 40% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990; que las renovables cubran, al menos, el 27% de la demanda energética; y que se ahorre un 30% a través de medidas de eficiencia energética.