Adiós al copago farmacéutico para pensionistas que ganen menos de mil euros

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha anunciado este jueves que su departamento eliminará el copago farmacéutico para pensionistas con rentas menores de 1.000 euros y personas con discapacidad para evitar que "muchos tengan que elegir entre seguir la medicación que le ha recetado su médico o ayudar a sus familias".

Así lo ha indicado Montón durante su comparecencia en las Corts para explicar las líneas de actuación de su departamento para la presente legislatura, en la que ha lamentado que un 7,9 por ciento de los valencianos "señala que en los dos últimos meses ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no podían pagarlos", algo que ha calificado de "desoladoramente injusto".

En una intervención que ha comenzado asegurando que la ciudadanía "merece una disculpa porque la sanidad no haya sido una prioridad en el pasado y haya sufrido un abandono injustificable" y en la que ha criticado que el PP haya usado a la Comunitat como "gran banco de pruebas" de un modelo de gestión privada de la sanidad pública, la consellera ha admitido que existe un problema de infrafinanciación pero "existe un amplio margen para priorizar el gasto".

Montón ha lamentado el "despilfarro de cantidades ingentes de dinero en grandes eventos ruinosos" y ha puesto como ejemplo que la Fórmula 1 "nos ha costado tanto como seis hospitales como el de Llíria o 200 centros de salud" mientras que con el dinero invertido en el Ágora se podrían haber construido "dos hospitales comarcales o 66 centros de salud".

Lo más "indignante", ha dicho, es que detrás de esos eventos e infraestructuras "se hayan escondido, en muchas ocasiones, casos de corrupción" que a los anteriores gobiernos "deberían avergonzarles durante mucho tiempo".

Según ha destacado, al llegar a la Conselleria se ha encontrado con que "faltan 1.100 millones de euros para llegar a fin de año" porque el gasto ordinario, necesario para mantener el sistema en funcionamiento, es de 6.600 millones al año y el presupuesto "no llega a 5.500 millones", al tiempo que ha recordado la multa de 19 millones por "facturas en el cajón" impuesta por Bruselas.