Las asociaciones pro vida denuncian «falta de control» sobre las clínicas abortistas

La Asociación Española de Abogados Cristianos aseguró este miércoles a ABC que estudian presentar una querella contra las clínicas abortistas denunciadas el pasado mes de junio ante la Guardia Civil por tirar a la basura restos fetales, material biosanitario y datos personales de sus pacientes. La denuncia fue presentada por la plataforma La Vida Importa después de investigar durante tres meses los contenedores de siete centros privados en Madrid, Navarra, Cataluña y Aragón.

Su presidenta, Polonia Castellanos, explicó que además de una falta muy grave de carácter administrativo por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos (sancionada con multas de hasta 600.000 euros), el Código Penal castiga con hasta 4 años de prisión la divulgación de datos secretos de carácter profesional.

Esta asociación civil denunció el martes ante la Agencia Española de Protección de Datos a cuatro de esas siete clínicas. En concreto, fueron los centros madrileños Dator-Partner Line, Ginecológica Callao,El Bosque y AMEC (Zaragoza).

La Agencia Española de Protección de Datos explicó este miércoles a ABC que tras recibir la notificación abrirá un proceso -que puede durar un plazo máximo de doce meses- para analizar si existen indicios de que los centros han vulnerado la normativa. Posteriormente, la agencia tiene otro plazo de seis meses para decidir si se sanciona a los centros o se archiva el caso.

Para las asociaciones pro vida esta denuncia demuestra «que no hay ningún control por parte de las administraciones públicas sobre estos centros». La portavoz de Derecho a Vivir, la pediatra Gádor Joya, indicó a ABC que «si se quisiera inspeccionar se cerrarían muchas de estas clínicas». «La administración pública es corresponsable de los fraudes de ley que se cometen porque lo saben y no hacen nada por evitarlo», aseguró.

La Consejería de Sanidad se defiende

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid, de la que dependen cuatro de las siete clínicas denunciadas, señalaron ayer a ABC de que «mantiene las inspecciones regulares sobre estos centros y cumple con la normativa vigente». Un argumento que también fue defendido por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Fuentes de esta organización explicaron a ABC que los directivos de varios de los centros denunciados «no tienen constancia de la existencia de una denuncia» y que «las inspecciones se realizan con la regularidad prevista sin que se haya registrado ninguna incidencia».

La Guardia Civil, por su parte, comunicó este miércoles a ABC que la denuncia presentada el 6 de junio de este año «fue trasladada días después a la Fiscalía de Madrid», ya que «ninguna de las clínicas» están en su «demarcación». La Fiscalía, sin embargo, desconoce haber recibido dicha denuncia.