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Los juzgados de Barbate... el 'infierno' de los jueces
reportaje
El asesinato de dos guardias civiles en la localidad ha puesto también la lupa sobre la situación de saturación de esta sede judicial donde además de causas de narcotráfico se asumen otros penales, de familia, violencia de género, registro civil... de todo
Juzgados como los de Barbate, Sanlúcar o La Línea se colapsan y son ya en palabras del presidente del TSJA o el de la Audiencia de Cádiz, «estructuras del siglo XIX»
El asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero cuando fueron arrollados de manera brutal por una narcolancha ha hecho de nuevo aflorar una serie de circunstancias que rodea todo aquello que tiene que ver con la batalla contra el delito en la provincia de Cádiz, y más concretamente, en aquellas zonas más afectadas por la primera lacra que azota a esta tierra, la frontera sur de Europa con África, el narcotráfico.
En primer lugar, el hecho de que los agentes fueran en una pequeña lancha en aquella trágica intervención hizo saltar al debate público, y mediático, la falta de medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de enfrentarse a criminales sin escrúpulos de tal índole y la peligrosidad y riesgo que ello les conlleva.
Pero este debate -que no es nada nuevo- no ha quedado ahí, sino que ha llevado también a primera plana otra serie de déficits de los que se lleva advirtiendo en otras áreas como por ejemplo la judicial. Estas carencias, de nuevo, se hacen más palpables y dañinas, en aquellas localidades que en población son de mediana extensión pero que en conflictividad y por asuntos de narcos ganan a muchas otras.
Es el caso de municipios como Sanlúcar, La Línea o Barbate, donde el tráfico de drogas ataca fuerte y se inician decenas de investigaciones e instrucciones al respecto. Sin embargo, y como desde la propia judicatura o la Fiscalía se denuncia, estos juzgados están «colapsados».
Hay que tener en cuenta que en Barbate sólo existen los juzgados mixtos. Es decir, juzgados que resuelven asuntos civiles, penales y de familia. Así en ellos además de los procedimientos de curso normal, coinciden y se solapan diariamente causas que son «de tramitación preferente». Como por ejemplo, pueden estarse desarrollando a la vez causas penales con preso, procedimientos de familia, procedimientos de violencia de género y expedientes de Registro Civil, causas que exigen una actuación inmediata, por lo que se complica lo de poder atender el despacho de asuntos ordinarios.
Y en este contexto se suceden las causas de narcotráfico que conlleva no sólo su desarrollo con decenas de detenidos en muchas ocasiones, sino también todo el proceso previo de investigación y permisos cuyas autorizaciones también tienen que estar cursadas por ley.
Según datos ofrecidos en el informe 'Barbate' realizado por la asociación de jueces Francisco de Vitoria para reclamar más medios, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Barbate, en la actualidad tiene en tramitación 1.042 diligencias previas, de las que 79 causas son calificadas como «complejas» habiendo registrado 853 asuntos del orden jurisdiccional civil en el año 2023. Además, se encuentra tramitando diez causas penales con preso, teniendo en situación de prisión preventiva a 23 personas.
En este mismo informe y para que se pueda tener una idea más clara más allá de los números, se ha realizado un recuento de los asuntos que asume Barbate en comparación con otro municipio de estructuras judiciales análogas como es Grado en Asturias.
Así, y teniendo en cuenta cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativas al tercer trimestre de 2023, mientras que en este municipio asturiano se tramitaron 494 expedientes penales, en Barbate se asumieron 2.017, es decir, el quíntuple de casos más.
En lo relativo a lo civil, la situación se repite. 444 procedimiento se tramitaron en Grado, mientras que en Barbate fueron 1.497.
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Registro civil y violencia de género
Pero, como decíamos, estos procedimientos se refieren a todo. Como se indica también en este informe elaborado por jueces, un juzgado como el de Barbate tiene asignadas también las funciones de Registro Civil y el otro tiene atribuida la competencia en materia de violencia contra la mujer, lo que supone tener que atender causas que no admiten demora en las decisiones a adoptar.
Así, además de responder sobre estas causas de tramitación preferente y urgente, «el juez debe atender a la admisión de causas civiles cuando así se lo traslade el Letrado de la Administración de Justicia, el análisis de la posible existencia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores, la celebración de vistas en juicios civiles así como en delitos leves, y la tramitación ordinaria de asuntos en aquellos supuestos en que la competencia venga atribuida al juez, unido a la resolución de los recursos que en la tramitación de dichas causas puedan interponer las partes», advierten.
En este órgano hay todavía alguna causa pendiente de juzgar del año 2013, hechos de hace más de una década
A ello se une el dictado de las correspondientes sentencias o resoluciones definitivas en asuntos civiles, en las causas por delitos leves y en diligencias previas y sumarios, así como la obligación de atender en régimen de permanente disponibilidad durante las 24 horas del día el servicio de guardia durante todos los días de una de cada dos semanas.
A esto se suma que hace unos años se permitió que se pudieran declarar como «complejas» algunas causas relacionadas con el narcotráfico para poder ampliar los plazos en sus diferentes resoluciones y que éstas no caducaran. Se refiere a aquellos procedimientos que tienen un mayor número de investigados (más abogados), otros delitos conexos (como por ejemplo el blanqueo, armas...), múltiples medidas cautelares que adoptar, recursos que resolver... Y esto, como se destaca, también supone una mayor dedicación del juzgado que lo asume. Una nueva carga y también una «especialización» en materias que además no admiten las dilaciones.
Causas con más de una década
A ello se une la pendencia ya existente. El embudo en el que se han convertido los trámites en algunos de estos juzgados. Cabe destacar en este punto un dato que ya es de por sí significativo. Según datos del CGPJ, en Barbate hay todavía alguna causa sin juzgar que corresponde al año 2013. Es decir, una investigación sobre hechos que se cometieron hace más de una década.
Como denuncian sindicatos como CSIF y colectivos de funcionarios afectados, juzgados como este «necesitan de más medios». Tras el grave suceso del puerto y debido a la presión social existente en la zona, el juzgado de Barbate se ha reforzado con un nuevo juez. Sin embargo y como advierten las fuentes consultadas, «no es suficiente». «Un juzgado no es sólo un juez más, es toda una plantilla que es la que se encarga de poder gestionar todo aquello que se necesita para que los procedimientos y todo los trámites se puedan sacar adelante».
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En este sentido, durante estos días, se ha venido solicitando que los recursos de los que se doten a estos juzgados tan «saturados» y que afrontan la problemática del narco sean los «reales». El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, lo asumía de esta manera en una visita que realizaba a Cádiz esta semana. Según Del Río, el sistema actual «no está preparado ni adecuado para las nuevas formas de delincuencia», por lo que «urgen» cambios organizativos, legislativos y estructurales.
Otra cuestión es la situación de temporalidad de los titulares que pasan por los juzgados de Barbate. Suelen ser jueces jóvenes, sustitutos, que «en cuanto pueden» se trasladan a otro destino que tenga una carga de trabajo más razonable. Unos órganos que respondan a un funcionamiento «más normal» y donde «poder trabajar bien y seguros». «Lo de este tipo de juzgados no tiene salida posible hasta que no se asuma lo que pasa».
