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Los jueces sentencian: «la lucha contra los narcos se está abordando con una estructura judicial del siglo XIX»
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Un informe elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) sobre la situación del narcotráfico en la provincia alerta que la saturación en juzgados como el de Barbate, La Línea y Sanlúcar son insostenibles
Piden más medios para que la delincuencia organizada no se acabe «imponiendo a la autoridad pública» y no se ponga así «en riesgo el Estado de Derecho»
«Desde hace tiempo está en riesgo la preservación del Estado de Derecho en el Campo de Gibraltar, donde la lucha contra las organizaciones criminales de narcotráfico y sus redes económicas, financieras y digitales se aborda con unos medios fragmentados y reducidos frente a estos grupos y una estructura judicial del siglo XIX». La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) - formada por 930 jueces y magistrados de todas las áreas- se muestra así de tajante en un informe excepcional (titulado como 'Barbate') que han elaborado para analizar la situación sobre esta lacra que azota de manera especial a la provincia de Cádiz.
Lo hacen tras el trágico suceso ocurrido en la localidad barbateña: el asesinato de dos guardias civiles en su puerto a manos de unos narcos. Solicitan que se pongan en marcha medidas urgentes para atajar esta problemática.
Este informe ha sido determinante para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordene la elaboración de otro estudio sobre la situación de los juzgados de las provincias de Cádiz y Huelva afectados por este tipo de causas. Una vez que lo tengan, se remitirá al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía.
Según exponen los jueces, en las últimas semanas se ha podido «constatar hasta qué punto la carencia de medios materiales y personales puede acarrear consecuencias irrecuperables», lamentan.
Como aseguran, esta situación no es nueva ya que «desde hace tiempo está en riesgo la preservación del Estado de Derecho» en la zona por este motivo. Por ello entienden que «se hace necesario e inaplazable arbitrar soluciones que cambien sustancialmente el actual estado de cosas que supone un más que evidente riesgo de que la delincuencia organizada se acabe imponiendo a la autoridad pública y determinados territorios se conviertan en lugares en que la impunidad frente al delito campe a sus anchas».
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En el documento insisten que en Barbate y otras poblaciones de Andalucía, se está produciendo una situación que se repite y que «aboca al incumplimiento de la ley por falta de medios para la persecución y la tramitación judicial de los asuntos vinculados al narcotráfico a gran escala».
Además entienden que en estos municipios el clima social puede volverse «opresivo e irrespirable para los representantes del Estado de Derecho». Por ello creen que en su defensa es «obligado recordar que son los encargados de velar por la seguridad, evitar la comisión de actuaciones que pudieran ser delictivas y, cuando estas se producen, remitir los asuntos a los juzgados para su investigación».
El informe ha sido elaborado por el Comité Nacional de AJFV y contiene una batería de propuestas y soluciones para superar esta «grave situación». «El honor, la valentía y el firme compromiso de servicio a la ciudadanía, sin unos medios adecuados, son manifiestamente insuficientes para luchar contra esta lacra social».
De esta forma desde la AJFV denuncian que en poblaciones como Barbate sólo existen los juzgados mixtos. Y que esos juzgados que resuelven asuntos civiles, penales y de familia «son fruto de un mapa judicial que ancla sus raíces en el diseño de Planta y Demarcación del siglo XIX». Por ello piden mayores recursos, tanto para Barbate como para Sanlúcar o La Línea donde tienen una «sobrecarga de trabajo muy superior a lo que debiera corresponderles».
Juzgados específicos, Audiencia Nacional y exceso de recursos
En este sentido solicitan que haya juzgados específicos y no los mixtos que tramitan y resuelven otros muchos procedimientos de todas las áreas. Pero además piden que la Audiencia Nacional pueda asumir la competencia para la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y similares que se cometan a través de organizaciones y grupos criminales, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos del delito, con incremento de medios para su instrucción y posterior enjuiciamiento.
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Por otro lado también desde la asociación de jueces, creen que es necesario abordar «con efecto inmediato» una reforma de la normativa procesal penal que permita evitar situaciones de colapso. Se refieren sobre todo a la tramitación excesiva y repetida de recursos que provocan interminables retrasos.
Así por ejemplo proponen que se libere al juez instructor de la obligación de resolver los recursos de reforma, de tal forma que, de modo idéntico a lo que acontece en el ámbito de los juicios por delitos leves, sea un magistrado del órgano colegiado al que el Juzgado de Instrucción esté vinculado el que unipersonalmente resuelva tal tipo de alegaciones. Ello evitaría, entre otras cosas, la aplicación casi permanente ya de atenuantes como las dilaciones indebidas que provoca que se minimicen las condenas que se imponen a estos grupos criminales.
Pero además de en los juzgados, con más funcionarios y letrados y con determinados incentivos, la asociación cree que es necesaria la dotación de mayores recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan existir buenas investigaciones que pudieran continuarse de forma más ágil también en el ámbito judicial.
