Las causas contra los narcos en Cádiz atrapadas en un embudo, casos pendientes de juicio desde 2011

«El éxito de la lucha contra la droga no se agota con el aumento de las detenciones e incautaciones sino con las condenas de los autores y la recuperación de las ganancias ilegalmente obtenidas». La Fiscalía Antidroga es clara y contundente. Lo afirma su responsable desde Andalucía, desde una de las regiones de España más castigada por el narcotráfico. Primera puerta de entrada del hachís a Europa y también una de las de mayor tráfico de cocaína -y en los últimos años- potencia mundial del cultivo de marihuana. Así lo reflejan los datos. Lo incautado. Las operaciones desarrolladas. Las investigaciones destapadas y resueltas y las cientos de causas que los propios fiscales han tenido que guiar y llevar hasta los tribunales. Hasta la ley.

Y esta advertencia no se resalta en un informe cualquiera, sin peso. Este aviso se lanza en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado que se presentaba hace unos días coincidiendo con la apertura del año judicial y donde se analiza de manera pormenorizada los aspectos más destacables del ejercicio en todo el país y en diferentes áreas, así como sus necesidades y reclamaciones más acuciantes.

En este sentido, y desde Andalucía, se llama la atención sobre la situación de la lucha contra el narcotráfico y la saturación judicial que existe al respecto. Lo aseguran al unísono todos sus fiscales delegados, con especial preocupación en las provincias de Cádiz, Málaga, y Huelva, donde en los últimos años, con el impulso del Plan Carteia (centrado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el refuerzo policial del Campo de Gibraltar) se dispararon los operativos, y por tanto, todas las diligencias y detenidos. Sin embargo, y según recalca el documento, aunque se ha incentivado esta batalla, se concluye que se ha hecho de manera descompensada.

«El Plan se puso en marcha sin prever, en ninguna de sus fases, la necesidad de reforzar fiscalías, juzgados y tribunales», afirman. «En este momento, se dan graves retrasos en las instrucciones de las causas, especialmente notorios en casos de investigación de blanqueo, y muchas dificultades para el enjuiciamiento de la enorme cantidad de procedimientos que deben ser atendidas por el mismo número de juzgados, fiscales y tribunales», le reprocha la Fiscalía al Gobierno.

Concretamente, la responsable del área en Cádiz y que también lo es en Andalucía, Ana Villagómez, alerta del estancamiento de algunos procedimientos relevantes de blanqueo relacionado con el narcotráfico en El Puerto, Barbate o Chiclana, «como resultado de la sobrecarga de los juzgados y los cambios de funcionarios y jueces titulares, lo que implica que cada instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de investigación».

Además denuncia las dilaciones y retrasos en la celebración de los juicios orales, «algunos pendientes desde 2011» (hace más de una década de los hechos); el exceso de duración de la fase intermedia y las dificultades para los señalamientos con muchos acusados y letrados para poder coordinar todas las agendas.

Así se especifica también en la Memoria provincial. Según se refleja, en la Sección de Cádiz hay en este momento unas 60 causas en tramitación, quince de ellas pendientes de juicio y el resto en instrucción, la más antigua de 2011; en Jerez hay 16 causas anteriores a 2020, catorce en instrucción, las más antiguas del año 2012. En cuanto a la Fiscalía de Algeciras, no se aportan datos concretos, aunque su delegada habla en su memoria de «colapso en los juzgados y graves dificultades» para sacar adelante las macro causas producidas como consecuencia de la presión policial en esa zona, durante varios años.

«Consecuencia de esta lentitud es la puesta en libertad de las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva, muchas son líderes de grupos criminales que, una vez obtienen la libertad (para lo cual se emplean a fondo sus letrados), son objeto de nuevas investigaciones pues han hecho de este tipo de delitos fuente de elevados ingresos y tienen capacidad para reconstruir la organización criminal en poco tiempo. A ello debe añadirse la aplicación de atenuantes por dilaciones, en los casos en los que han transcurrido varios años hasta la celebración del juicio».

Por ello -insiste el Ministerio Público- «es necesario, como ya pedimos en anteriores memorias, refuerzos en los juzgados y tribunales y en las fiscalías de la provincia para poder asumir con el rigor y celeridad que requieren, este tipo de asuntos, y evitar que el esfuerzo de tantas personas que luchan contra este fenómeno sea inútil. Una justicia tardía no es justicia (Seneca), ni para el justiciable ni para la sociedad, pues no hay que olvidar que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la salud pública».

Todas estas demoras -además de las propias fruto de la multitud de recursos y alegaciones que suelen presentar las defensas- provocan que en muchas ocasiones las vistas se celebren de cinco a diez años más tarde desde que fueron detenidos o investigados por lo que, en la mayoría de las ocasiones, da lugar a atenuantes y a la posibilidad de conformidades en este respecto que minimiza o disminuye las penas impuestas. De este modo, se han dado y se siguen dando multitud de casos en los que dichas condenas han bajado hasta la mitad de lo solicitado por la acusación en un primer momento, o incluso se les da la posibilidad de la suspensión de la privación de libertad si esta disminución alcanza menos de dos años.

En cuanto a las responsabilidades civiles que tienen que afrontar en el caso de resultar condenados, los retrasos también tienen sus consecuencias. Se pueden llegar a rebajar aunque ya en muchas de las ocasiones se alega la insolvencia.

Por otro lado, la Fiscalía Antidroga de Cádiz advierte en su memoria de dos conductas relacionadas con el narco a la que urge, como piden, dar una respuesta penal firme.

Primero, el transporte, tenencia y almacenamiento de gran número de petacas de gasolina, sin ningún tipo de medida de seguridad. Este combustible, utilizado posteriormente por narcolanchas en alijos de droga, se conserva y transporta «en unas condiciones precarias con grave riesgo para la vida de las personas». En ese sentido, la Fiscalía apunta a «la imposibilidad» de relacionarlo cuando es aprehendido con una operación de narcotráfico concreta, impidiendo que se sancione por vía penal al no encajar en un tipo delictivo específico.

En segundo lugar, se encuentra el empleo de tecnologías de comunicación encriptadas -cada vez más numerosas y camufladas-, que impiden su interceptación en el marco de procedimientos judiciales.

Y además, los datos continúan marcando el rumbo y la dirección de esas necesidad en recursos que se reclama. Como destaca la fiscal antidroga delegada de Andalucía, Cádiz sigue siendo en 2022 la provincia en la que más droga se incauta, concretamente el 50 por ciento del hachís y un 78 por ciento de la cocaína intervenida en toda la comunidad.

En cuanto a la cocaína la cifra es la esperada ya que Cádiz aloja uno de los puertos más grandes de Europa, Algeciras, por donde mayor cantidad de esta droga se intenta colar hacia Europa dentro de los contenedores. Por tanto, un solo decomiso de alguna de estas partidas ya dispara los números a cientos de kilos de 'polvo blanco'. Al igual que si se intervienen veleros en alta mar, también procedentes de Sudamérica, y se desembarca la mercancía ilícita en costa gaditana.

Respecto al hachís, también la tendencia es habitual debido a la conocida cercanía de las orillas de Cádiz con Marruecos. En este sentido, y debido a la presión policial ejercida en el Estrecho en los últimos años, sí se ha producido un cierto desvío de las rutas de los narcos más hacia Huelva y Málaga. Sin embargo, la permanencia y la actividad en la provincia gaditana sigue siendo constante y persistente. Es la trayectoria más rápida y, por tanto, la menos arriesgada y más barata.

Y, como decimos, todas estas incautaciones e investigaciones, son a su vez procedimientos judiciales. En este sentido, y según los números que se ofrecen en la Memoria, Cádiz se encuentra entre las diez provincias de España con mayor número de causas de narcotráfico abiertas en 2022. En concreto, 912. Tercera, tras Málaga y Granada. Sin embargo, ha sufrido una disminución de un 12,14 por ciento. La Fiscalía lo atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON Sur, de la Guardia Civil, que -como denuncia- «se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales», lamenta. El reajuste de los efectivos del OCON Sur en las unidades especializadas EDOA se produjo paulatinamente y a finales de año aún no había finalizado este proceso.

Con respecto a las diligencias previas de la provincia de Cádiz ha dis- minuído un 21%, sin embargo, se han doblado el número de sumarios y ha aumentado también el número de diligencias urgentes. Las diligencias de investigación es muy alto en la Fiscalía de Algeciras, concretamente 46,14 de ellas por delito de blanqueo. Se han autorizado además hasta doce entregas controladas.

En cuanto al número de escritos de acusación en la provincia es de 711 en los distintos procedimientos; con el mayor incremento de carga de trabajo en la Fiscalía de Área de Jerez. Dicho aumento tiene que ver de forma directa con la mayor actividad del tráfico de drogas en la desembocadura del Guadalquivir en toda su extensión ya que la delegación jerezana es la competente en esta zona. Los intentos de alijos en Sanlúcar, Chipiona, Trebujena... son constantes y así lo vienen advirtiendo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan investigaciones y también numerosas intervenciones.

Según demuestran estos últimos operativos, los narcos que entran y salen del río con semirrígidas son miembros de nuevos o históricos clanes locales, pero también se ha incrementado la presencia en Sanlúcar de grupos procedentes del Campo de Gibraltar, como de La Línea, que ahora 'meten' los fardos de hachís por esta ruta para esquivar los controles del Estrecho. Es más, se ha detectado la presencia -también, cada vez más habitual, de ciudadanos marroquíes- que se desplazan ellos mismos para no tener que hacer ciertos encargos, servir de 'notarios' de entrega o no repartir beneficios.

Toda esta competencia entre bandas también tiene otro efecto y es la mayor agresividad que emplean los grupos organizados dedicados a traficar con droga. Bien por miedo a perder la mercancía si se la quita otra colla, o bien, porque sean los propios agentes los que les pongan en ese 'compromiso' y tengan que rendir después cuentas ante sus socios y proveedores. De ahí el uso cada vez más desproporcionado de armas que llegan a llevar a bordo de las mismas lanchas. Como ejemplo, hace unas semanas un guardia civil resultaba tiroteado en una mano en medio de una intervención por los estuarios de Trebujena cuando abortaban un alijo. Le dispararon con una escopeta.

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La Memoria de la Fiscalía hace una especial mención a un asunto que ya han calificado en anteriores informes como «altamente preocupante». Y es que, como aseguran y según los datos que manejan, España es actualmente el primer productor de cánnabis en la Unión Europea, «lo que atrae a organizaciones de delincuentes, nacionales y extranjeros, como se observa en la realidad de los procedimientos judiciales incoados por tráfico de cánnabis, muchos de ellos cometidos a través de grandes organizaciones que crean opacos complejos empresariales para la explotación de una sustancia económicamente muy rentable y que goza cada vez más de cierta aceptación social», afirman.

Una popularidad que, como advierten, debería de tener en cuenta qué tipo de componentes se está consumiendo en dicha droga. Según explican, el Informe Mundial sobre drogas alerta sobre el aumento de las concentraciones de THC que alcanzan un 50% en la hierba de cánnabis y casi se ha triplicado en la resina. Reseña este informe que frente a una realidad donde alrededor de un tercio de las personas que recurren a los servicios de tratamiento relacionados con la droga lo hacen por consumir cánnabis, los intereses comerciales publicitan lo contrario otorgando beneficios de todo tipo a la sustancia, lo que atrae a jóvenes consumidores que terminan sufriendo graves daños en su salud. En marzo de 2023, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE (INCB por sus siglas en inglés), publicó su informe anual en el que expresa su preocupación por el impacto de la tendencia a la legalización del consumo recreativo afirmando que la experiencia muestra que legalización conduce a un mayor consumo y a la minimización de la percepción del riesgo alertando sobre la enorme extensión y difusión de esta sustancia.

Las aprehensiones en España confirman estas tendencias y muestran cultivos mayores, más organizados, con mayores concentraciones de THC y de los que se obtiene mayor rendimiento. En los últimos años se han encontrado porcentajes superiores al 20% de THC en la planta de cánnabis, aumentos del 50% y hasta el 92% en el hachís, «fruto de una cada vez más fácil manipulación genética y que debería generar la consiguiente alarma dado el notorio potencial nocivo de esta sustancia». En España se observa esta confusión que denuncia la JIFE y la banalización de su consumo que se extiende especialmente entre jóvenes, por lo que el delegado de Barcelona llega a plantear si, en casos de elevadas concentraciones, cabría reconsiderar la clasificación del cánnabis como sustancia que no causa grave daño a la salud.

La provincia de Cádiz es en los últimos años una de los lugares de Andalucía, junto a Almería y Granada, donde mayor número de grandes extensiones dedicadas al cultivo de cannabis se están detectando, con organizaciones completamente estructuradas y jerarquizadas a sus mandos. También han proliferado las plantaciones que se ocultan en pisos e inmuebles como chalés o apartamentos en todo el territorio gaditano. Un suma y sigue al que es complicado ponerle freno sin los recursos suficientes, tal y como denuncia la Fiscalía.