Narcotráfico | Cádiz

Guardias civiles piden mayor contundencia penal e institucional contra las 'narcogasolineras' en Cádiz

AUGC exige que el 'petaqueo' se considere delito y solicita que se instauren protocolos específicos ante la incesante proliferación en la Bahía de estos grupos que se dedican a surtir de combustible a los narcos

Petacas intervenidas en el caño de Sancti Petri junto a la persona identificada. La Voz

M. Almagro

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Cádiz exige que se endurezca la normativa legal en relación al 'petaqueo', el almacenamiento y transporte de grandes cantidades de combustible para surtir a los narcotraficantes para que éstos puedan transportar la droga por vía marítima en las grandes lanchas, ahora prohibidas.

AUGC responde así a la proliferación en los últimos meses de las collas que se dedican a esta práctica que sirve de importante logística a los traficantes en algunos puntos de la Bahía como en los caños de Sancti Petri y toda su zona de esteros. Como explican, «tras la entrada en vigor del Real Decreto 16/2018 de 26 de octubre por el cual determinadas embarcaciones son consideradas como género prohibido, se ha consolidado esta actividad que, si bien no es considerada un tipo penal, debemos denunciar como tal por indicios claros y evidentes que lo relacionan directamente con el tráfico de drogas, siendo una escisión de este tipo de criminalidad organizada», afirman.

La asociación sindical asegura que «con una frecuencia inusitada, de día o de noche, las bandas organizadas del narcotráfico en la provincia despliegan a sus 'petaqueros' a fin de cargar embarcaciones con multitud de garrafas de combustible para, una vez se hacen a la mar, suministrárselas a las embarcaciones cargadas de hachís o bien a otras que sirven como nodrizas».

Por esta razón, AUGC cree que es evidente que sirven de «apoyo logístico en toda regla, un apoyo imprescindible para el éxito de sus operaciones al suministrar elementos básicos como ya no sólo es el combustible, sino también víveres, material electrónico o incluso realizar un relevo en la tripulación. Especialmente relevantes son las actuaciones que se realizan en la demarcación del término municipal de Chiclana y San Fernando en relación a estas actividades».

En este sentido consideran que al igual que el Real Decreto sobre el uso de 'narcolanchas' fue «una noticia beneficiosa para combatir la lucha contra el narcotráfico y vino derivada de esa necesidad imperiosa de atajar y atacar una función operativa imprescindible para estas redes delincuenciales, desde AUGC Cádiz reiteramos la necesidad de abordar un cambio normativo en lo referente a los delitos tipificados en el artículo 368 del Código Penal en cuanto a esta nueva forma de delincuencia organizada que promueve y facilita el tráfico de drogas».

Una «impunidad palpable»

Desde AUGC afirman que estas collas dedicadas al suministro de gasolina para las lanchas están actuando con una «impunidad palpable, no existiendo un protocolo de actuación ni a nivel institucional ni a nivel judicial». Y que por ello «la alarma social que genera es cada vez más creciente debido a que estos hechos se producen prácticamente a diario, sin importar la mirada de ajenos, además del peligro evidente que supone el transporte por carretera y vía marítima del combustible sin las condiciones ni garantías de seguridad homologadas».

Por otro lado consideran que este 'vacío legal' supone también un riesgo al no existir ninguna instrucción ni circular sobre normas de actuación en cuanto al depósito que se les da a las petacas intervenidas, ya que, según aseguran, «en ocasiones han quedado depositadas en las dependencias oficiales para ser entregadas a organismos o colectivos bajo un recibo de entrega, con el consiguiente peligro que nuevamente conlleva esa forma de proceder».

Desde esta asociación exigen «unidad de acción y un protocolo claro y conciso de actuación» ante esta circunstancia, que califican como «muy preocupante y a lo que se enfrentan los componentes de las Unidades Territoriales de las Comandancias de Cádiz y Algeciras, «con mención especial a la demarcación del Puesto Principal de Chiclana de la Frontera, dónde los servicios relacionados con estos hechos son casi diarios».

Por todo ello, solicitan que haya «una propuesta urgente, eficaz y firme desde los órganos judiciales para combatir esta práctica ante la ausencia de medidas penales contra estas organizaciones perfectamente estructuradas y organizadas, que embaucan cada vez a más jóvenes, muchos de ellos menores, para aportar su grano de arena a esta empresa que es el narcotráfico y abarca toda nuestra provincia de extremo a extre

Por último, AUGC reitera al Ministerio del Interior como ya vienen haciendo «desde hace años como pioneros de la necesidad de la declaración de la provincia como zona de especial singularidad, a efectos retributivos y de incremento de medios materiales y humanos, un aumento efectivo y real, sin subterfugios convertidos en comisiones de servicio que solo son soluciones permanentes a un problema temporal».

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