Egibar también contactó con el entramado chantajista, según el sumario de la Audiencia Nacional

Gorka Aguirre, el dirigente nacionalista imputado en la red de extorsión de ETA, no es el primer nombre de un destacado miembro del PNV que aparece en el sumario 86/1998 sobre el chantaje de la banda terrorista. Según los documentos de la Audiencia Nacional, el actual presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, contactó en 1993 con dirigentes de Batasuna ubicados en el aparato de extorsión de ETA para conseguir que la banda dejara de enviar cartas a empresarios.

Esas investigaciones, que datan de hace cuatro años, han sido ahora desempolvadas por el juez Fernando Grande-Marlaska. La investigación sobre el PNV que el magistrado pretende reactivar se encontraba parada desde mayo de 2002 cuando el sumario era instruido por Baltasar Garzón. Los documentos oficiales de la Audiencia apuntan a que Garzón entonces acusó a los dirigentes de Batasuna Rufino Etxeberria y José María Olarra de participar «en la gestión y cobro» del chantaje que la banda terrorista sometía a empresarios y profesionales liberales del País Vasco y Navarra.

Llamada desde el PNV

Baltasar Garzón desveló la existencia de una llamada del entonces portavoz del PNV a la sede de la coalición radical abertzale, dirigida a Rufino Etxeberria. Según el sumario, el motivo de esa llamada estaba relacionado con «el impuesto», ya que «una persona había recibido una carta» y se había creado «un increíble drama», por lo que «pedía por favor que se celebrase una reunión debido a la grave situación que había».

El objetivo de Egibar, sostiene la Audiencia Nacional, era que ETA borrara de sus listas de chantaje al empresario amigo.

Según la trascripción de un documento incautado a la cúpula de ETA, titulado Txinparta (93.06.04), a esa reunión en junio de 1993 acudieron, además de Egibar y dos acompañantes, Olarra y Etxeberria. El encuentro trascurrió por cauces muy tensos, incluso la delegación que encabezaba Egibar amenazó con hacer pública la connivencia de algunos miembros de HB con el cobro del impuesto si no cesaba la extorsión al empresario.

Además de bucear los supuestos contactos del PNV con la red de extorsión, el juez intenta cuantificar el número de empresarios chantajeados y el dinero que recibió ETA. La Audiencia considera que la red recaudaba alrededor de un millón de euros al año y que, incluso, permitía a algunos empresarios sin demasiados recursos para pagar en especie (con sus productos) mientras otros, grandes empresas en su mayoría, incluso hacían entregas de dinero aprobadas por sus consejos de administración.

El entramado desmantelado este semana, según los informes policiales, depende de un comité ejecutivo llamado Zuba, que se subdivide en otros dos: Getzi, de recaudación, (ya desarticulado) y Diba, de gastos. Los investigadores consideran que fue el ex parlamentario vasco Jon Salaberria, huido desde mayo de 2005, el que ideó, agilizó y modernizó este aparato de cobro antes de su fuga. Durante años, Salaberria trabajó como intermediario entre los comités y era a quien acudían los extorsionados para negociar.