Zapatero afirma que el Estatuto del Empleado Público avanza en la cohesión territorial

El borrador del Estatuto Básico del Empleado Público, suscrito entre el Gobierno y los principales sindicatos del área -CC OO, UGT y CSI-CSIF- supone «un avance en la cohesión e integración territorial», según el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Sus declaraciones tuvieron lugar en el Palacio de La Moncloa tras la firma del documento. El acto, al igual que ocurrió el 9 de mayo con la reforma laboral, tuvo rango de gran acontecimiento.

La norma cumple un mandato constitucional, afecta a 2,5 millones de empleados públicos y, para su entrada en vigor, todavía le queda un largo recorrido. En próximos días irá a Consejo de Ministros. Después, convertido en proyecto de ley, iniciará su tramitación parlamentaria con la expectativa de ver la luz en 2007.

Precisamente, tanto los representantes del Gobierno como de los tres sindicatos instaron al PP a aparcar sus intereses partidistas y a respaldar en Las Cortes el texto consensuado sin introducir variaciones de calado. Además, subrayaron que la marcha del Estatuto no se detendrá y que habrá norma con o sin el apoyo del mayor grupo político de la oposición.

En definitiva, dejaron claro que no se repetirá la experiencia de cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, fue ministro de Administraciones Públicas. Entonces se elaboró un texto, que también contó con el beneplácito de los sindicatos, pero que se quedó atascado en el Congreso de los Diputados.

Orgullo

Zapatero resaltó que la futura ley será un «hito histórico» y colaborará en la modernización y competitividad económica del país, en el progreso social, en la ampliación de derechos y en las reformas, cohesión e integración territorial, al mismo tiempo que reivindicó «el orgullo por lo público» y el reconocimiento de los funcionarios. Argumentó que unas administraciones eficaces «ayudan al crecimiento, remueven los obstáculos para la creación de empresas, ofrecen seguridad jurídica, generan los recursos humanos necesarios y aportan capital físico, infraestructuras y tecnología».

Insistió en que si también son «sensibles, próximas y eficientes» proporcionarán una educación de más calidad, una sanidad más inmediata y una seguridad más efectiva; y sí se encuentran volcadas a los ciudadanos respetarán a éstos «como sujetos de derechos y no como meros clientes».

Pacto de Estado

Por su parte, el representante de CC OO, Enrique Fossoul, reclamó «un pacto de Estado» que preserve el modelo recogido por el Estatuto y la modernización de los servicios al ciudadano ante «los vaivenes políticos». Para Julio Lacuerda, de UGT, el borrador supone «una oportunidad histórica» que resolverá las necesidades de las administraciones del Siglo XXI; mientras que Domingo Fernández, de CSIF, se mostró convencido de que la norma terminará con el actual «caos jurídico y administrativo».

Los tres expresaron su satisfacción por haber llegado al consenso y agradecieron el papel jugado por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien afirmó que el Estatuto da respuesta a retos del pasado, del presente y del futuro. Explicó que cumple con la Constitución y con un colectivo de trabajadores que carecía de una ley de referencia; permitirá responder con mayor capacidad a las demandas actuales de los ciudadanos y a las impuestas por la globalización; y mejorará los servicios de acuerdo con las exigencias que se avecinan.