El Obispado rompe su silencio y dice ahora que no ha cerrado la venta del Oratorio

El Obispado no ha vendido, ni cedido el Oratorio de San Felipe Neri a la Junta de Andalucía. Y de hacerlo, no cree necesario que haya que desacralizarlo. Así de tajantes se muestran los tres sacerdotes de la comisión designada por el organismo eclesiástico para gestionar esta negociación: Guillermo Domínguez Leonsegui, Enrique Arroyo Camacho y Salvador Gómez Sánchez de la Campa.

En una nota hecha pública ayer, el Obispado asegura que tenía previsto informar a la ciudadanía este fin de semana «ante la avalancha de noticias sobre el Oratorio» y que el mensaje se mantiene tal y como estaba previsto, «incluso tras las inesperada declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, en un medio de comunicación».

En el comunicado, el Obispado confirma que la Junta ha mostrado su interés por incluir el Oratorio en un proyecto más amplio y añaden que «la Iglesia estaría dispuesta a un futuro diálogo, porque supone que la Junta tiene interés en integrar en el mismo a otros organismos locales».

Pero lo más sorprendente de las declaraciones de estos tres sacerdotes es que creen que «no sería necesario desacralizar el Oratorio en caso de llegar a acuerdos a otros niveles».

«El Oratorio -dicen textualmente- no se desmantelaría ni se perdería un bien artístico e histórico, sino que se recuperaría con una magnífica restauración y podría lucir en todo su esplendor, para orgullo y disfrute de todos los gaditanos, porque potenciaría su valor, incluso a nivel internacional».

Los tres miembros de la Comisión negociadora afirman que «hasta ahora ni en la Junta ni en el Obispado se ha hablado de desacralización del Oratorio».

Respecto a las razones que han llevado a la Iglesia a desprenderse de este importante templo, los sacerdotes no ocultan que «hay programas pastorales y sociales, en zonas muy necesitadas de la Diócesis, bloqueados en la actualidad por falta de medios económicos».

Sin embargo, aseguran, lo que les ha llevado a colaborar con la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812 es que «no queremos que se pueda decir que, por la cerrazón y cortedad de miras de la Iglesia la ciudad se vio privada de proyectos que supondrían un avance y una proyección nacional e internacional, que traerían prestigio, riqueza y bienestar para la misma».

Sólo con autoridades

En este sentido, previenen de que no habrá conversaciones con ningún partido político «sino con las autoridades legítimamente constituidas» y recuerdan que en estas conversaciones «cuando se tengan se actuará conforme a derecho». Las dificultades jurídicas que pudieran surgir se estudiarían por expertos en derecho civil y canónico y se resolverían de acuerdo a sus dictámenes.

En clara contradicción con las declaraciones del presidente de la Junta, que admitió que ya ha habido negociaciones con la Iglesia, el Obispado las niega y dice textualmente que «ante la posibilidad de estas conversaciones, el obispo ha querido oír el parecer de los organismos consultivos diocesanos que el Derecho Canónico establece y ha obtenido de todos un dictamen favorable». Llegado el momento, recuerdan los representantes del Obispado, monseñor Ceballos «sabe que debe requerir la anuencia de la Santa Sede e informará a la Diócesis de cuanto sea necesario».

El Obispado, advierten, no hará más declaraciones sobre este asunto «hasta que no existan realidades concretas que deban ser conocidas por todos los ciudadanos» y agregan que de ahora en adelante, la «voz del Obispado en esta materia» la llevará la comisión designada al efecto y que componen los tres sacerdotes mencionados.

Por último, la comisión deja claro que espera que en el futuro «la lealtad y la comunión eclesial primen sobre otros criterios en todos aquellos que forman parte de la comunidad diocesana».