División de opiniones

LA asunción de competencias sobre la cuenca del Guadalquivir mantiene al sector agrario dividido entre la alegría, la incertidumbre y el escepticismo. Empresarios, sindicatos y regantes valoran de distinta forma el nuevo escenario que sucedería a la entrada en vigor del artículo 50 del futuro Estatuto de Andalucía, con el que la Junta pasaría a controlar, de forma absoluta, hasta el último centímetro cúbico de la citada cuenca.

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra Arias, cree que este es un «asunto legal que debería ser resuelto en los tribunales siguiendo el criterio de la eficacia». Desde la patronal aseguran que hacer política con el agua es «una idea malísima» que «puede romper el delicado equilibrio que tanto ha costado lograr a los agricultores». Serra Arias recuerda que el sector ha recorrido «un largo camino para poner en común necesidades y carencias entre comunidades», por lo que no duda en criticar con dureza «que se haya convertido un asunto tan sensible como el del agua en una bandera política».

Desde un punto de vista más pragmático, al responsable de Asaja Andalucía le preocupa que el debate se esté llevando al terreno de «si son galgos o podencos», en lugar de abordar el que, a su juicio, es el verdadero problema: «hay una cuenca deficitaria que sufre restricciones cada dos por tres». Serra Arias afirma que le importa «poco o nada» si la cuenca es andaluza o nacional, «porque para repartir miseria siempre hay tiempo» y pide a los políticos «que dejen de criminalizar a los pantanos y terminen las obras pendientes».

UPA y COAG

En un tono mucho más acorde con el mensaje institucional de la Junta, Agustín Rodríguez, secretario general de UPA Andalucía, valora «positivamente» el contenido del artículo 50 y afirma que el mismo coincide con las propuestas realizadas por su organización en las rondas previas en el Parlamento Andaluz. Rodríguez aboga por una «gestión eficaz desde la cercanía» y por continuar con la corriente que favorece una mayor capacidad de autogobierno para las distintas autonomías.

En clara alusión al Partido Popular, el responsable del sindicato agrario lamenta que «existan partidos políticos para los que priman sus intereses sobre los generales, desviando el debate hacia cuestiones como la nacionalidad» y subraya que, si no sale adelante el Estatuto en su configuración actual, «el mundo agrario puede estar perdiendo una oportunidad histórica».

Por otra parte, el secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, habla de «logro histórico» para los agricultores y asegura que este colectivo «lleva muchísimos años» pidiendo las transferencias de la cuenca del Guadalquivir para Andalucía. «La gran reivindicación pendiente era el Guadalquivir porque es un río vital para la región; emblemático desde el punto de vista social y económico por la importancia que tiene el agua, y porque el 100% de su cauce es andaluz», asegura.

Desde COAG creen que los afluentes del río que «tocan» Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, son «simbólicos», por lo que afirman que «se ha hecho justicia». Asimismo, López opina que se deben superar las «discrepancias políticas para que el Guadalquivir sea gestionado por la comunidad andaluza».

Por su parte, Feragua, asociación de regantes que controla el 42% de toda la zona regable de las cuencas del Guadalquivir, Guadalete y Barbate, mantiene la cautela respecto al Estatuto. El secretario general de esta entidad, Pedro Parias, afirma que tomarán una decisión sobre este asunto tras la reunión que mantendrá el órgano de gobierno de la asociación el próximo jueves. Sin embargo, Parias cuenta con informes de los que se desprende que dicho artículo «podría ser inconstitucional» y cree que cualquier transferencia de una cuenca que afecta a varias comunidades puede «provocar problemas si no se cuenta con todas las partes» y «desembocar en tensiones territoriales con Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha».

Respaldo

Sobre esta última comunidad, Parias recuerda que la cuenca del Guadalquivir da agua a todo Puertollano, incluido su complejo agroindustrial y toda la comarca de Calatrava, por lo que cree que podría surgir algún problema para que el agua llegue allí cuando en Andalucía escaseen los recursos. Incluso «podría llegar el caso en el que se les cambie el precio del agua».

Para los regantes, uno de los mayores obstáculos lo podrían suponer las inversiones en materia hidrológica que, actualmente, son efectuadas en su mayoría por el Estado. «Salvo las actuaciones en las que ha invertido la Consejería de Agricultura, lo cierto es que casi todas las obras hidráulicas han llegado de la mano del Estado», apunta Parias quien, a su vez, considera necesario recordar que los Fondos de la Unión Europea -base fundamental para llevar a cabo obras como La Breña II- «irán disminuyendo en los próximos años».

El secretario general de la asociación de regantes se pregunta «qué ha pasado con la cogestión», una opción «que tenía a su juicio tenía un «encaje constitucional fácil e iba en la línea de la descentralización». Finalmente, Parias considera que «es posible» que el artículo 50 «sea ligeramente modificado», aunque no duda en afirmar que «la Junta tiene gran parte de razón en su demanda porque el 90% de la cuenca está en Andalucía».