El Ayuntamiento recurrió la sentencia del jefe de la Policía «a sabiendas de que perdería»

La Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) ha manifestado su convicción de que «el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Chiclana en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación al nombramiento ilegal de Manuel Romero Rubiales como Intendente jefe de la Policía Local de la localidad, y que pidió que fuera retirado el 20 de enero de 2006, se hizo conociendo otro realizado por el Ayuntamiento de Granada», en el que se solicitaba todo lo contrario, es decir, no readmitir al ex jefe de Policía como funcionario.

Precedente

Según este sindicato, el Ayuntamiento granadino aprobó el 5 de marzo de 2002 las bases para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de jefe del Cuerpo de la Policía Local. Entre estas condiciones, figuraba el requisito de ostentar la condición de funcionario de la máxima categoría de la plantilla de este cuerpo o de otras organizaciones de Seguridad.

Este puesto se concedió a Luis de Haro Rossi Jiménez, quien tomó posesión del cargo por decreto de la Alcaldía, que en ese momento estaba regida por Gabriel Díaz Berbel (PP), el 11 de abril de 2002, asignándole la categoría de superintendente del Cuerpo. En este cargo permaneció hasta el 9 de julio de 2003 cuando, también por decreto del nuevo alcalde, José Torres Hurtado, se acordó su cese.



De Haro aprovechó esta situación para pedir un puesto de trabajo en el Consistorio, alegando que al cesarle del puesto discrecional deberían haberlo adscrito a cualquiera otro como funcionario. Sin embargo, el Ayuntamiento alude que esta fórmula de movilidad sólo es de aplicación a los funcionarios de carrera que acceden al trabajo procedentes de la misma administración, y no a los que lo hacen de otras públicas, como es el caso de De Haro.

Por ello, el ex jefe de Policía recurrió ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que le dio la razón, y la administración local de Granada decidió recurrir ante el TSJA, teniendo como base el decreto dictado por Torres Hurtado el pasado 23 de enero, tres días después de retirar el Ayuntamiento de Chiclana su recurso.

Gasto económico

La asociación entiende que «el Ayuntamiento chiclanero conocía desde primer momento lo ocurrido en Granada, y a pesar de ello, siguió el proceso, a sabiendas de las mínimas posibilidades que tenía de ganarlo».

También se considera desde el sindicato policial a nivel autonómico que «es inaudito todo el tiempo y dinero perdido en un proceso judicial que no tenía ninguna salida», por lo que vuelven a reiterar su petición de «solicitar responsabilidades a los cargos políticos del Ayuntamiento de Chiclana que han intervenido» en la defensa de una decisión que consideran irregular y que ya tiene sentencia firme en contra.