Repsol YPF matiza que cumplió todas las normas de exportación petrolera en Bolivia
En contra de lo que han denunciado las autoridades aduaneras de Bolivia, la filial de la compañía hispano-argentina señala que las exportaciones de crudo "se efectuaron de manera legal"
Actualizado: GuardarLa filial boliviana de la compañía hispano-argentina Repsol YPF ha informado hoy de que sus exportaciones de crudo "se efectuaron de manera legal" y no causaron daño económico al Estado, tal y como han denunciado las autoridades aduaneras del país.
La respuesta se produce después de que la Aduana de Bolivia haya anunciado que presentará el lunes una denuncia ante la Fiscalía contra la empresa Andina, subsidiaria de Repsol YPF, por la supuesta exportación ilegal de 230.399 barriles en el periodo 2004-2005, valorados en 9,2 millones de dólares (7,71 millones de euros), y por la presunta falsificación de un documento aduanero.
En un comunicado, la empresa sostiene que las ventas al exterior de petróleo en el período investigado por la Aduana "no han ocasionado daño económico alguno al Estado boliviano ya que están exentas de impuestos".
El documento indica, además, que "no hay delito ya que no existió dolo, ni alteración de documentos y que se han pagado todos los impuestos, regalías y/o tributos correspondientes al momento de la producción y contabilidad de las utilidades". La petrolera también sostiene que sus exportaciones fueron autorizadas por resoluciones ministeriales, y que existieron, "por parte de Andina, comunicaciones a todas las autoridades aduaneras y a la Superintendencia de Hidrocarburos".
Voluntad de seguir en Bolivia
El comunicado señala también que los volúmenes de petróleo enviados fuera de Bolivia también fueron notificados "a las autoridades aduaneras y demás organismos competentes". "Es importante destacar que, previamente a las exportaciones, la compañía cumplió con la obligación de abastecer las necesidades del mercado interno", añade. Andina expresa en el documento su voluntad "de seguir desarrollando su actividad en Bolivia" y cooperar con el Gobierno "para encontrar las fórmulas más beneficiosas para el bienestar económico y social de todos los ciudadanos del país".
La compañía hispano-argentina participa en un 50% en Andina y la otra mitad pertenece al Estado boliviano, que delegó su representación a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) existentes en el país.
La compañía ha empezado a planear con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos una inversión de 150 millones en dos proyectos energéticos y está, como las demás petroleras, a la espera de las reformas que aplicará al sector el Gobierno del presidente Evo Morales.
