OPINIÓN

Soluciones liberales XII: absentismo

Todo lo legislado desde 2018 interfiere en los elementales mecanismos de mercado, distorsionando su natural funcionamiento

El absentismo es la abstinencia de cumplir la obligación en que consiste el objeto del contrato de trabajo, trabajar a cambio de una remuneración. Hace años una gran empresa ubicada en la provincia de Cádiz, justificaba su decisión de deslocalizarse en el Convenio Colectivo y en el grado de absentismo de sus trabajadores. Hoy, como ayer en 1994, el absentismo viene a ser un problema de Estado. De igual forma y directamente relacionado lo es la prestación de incapacidad temporal (IT). En aquel entonces, la Comisión antifraude dictaminó en 1994 que el fraude en la prestación de la incapacidad laboral transitoria era uno de los mayores escarnios, cuantificado en medio billón de pesetas. Se modificó la legislación, incluso se cambió la denominación de la prestación que pasó a denominarse IT. Las empresas asumieron a su cargo la financiación de la misma que va desde el 4º hasta el 15º día ambos inclusive. Las mutuas de la Seguridad Social asumían la gestión económica de la misma con origen común, ya que la que tienen origen profesional siempre se residenciaron de manera integral en cada mutua. Es absurdo e incongruente responsabilizar a estas de la gestión económica, cuando no disponen de los instrumentos necesarios que debieran acompañarlo inexorablemente (bajas y altas médicas cuando el origen de la contingencia es común, como si disponen en las contingencias profesionales desde los inicios de los mecanismos protectores, en principio privados y luego (desde 1963) públicos, con la promulgación de la Ley de Bases de la Seguridad Social). Por lo expuesto, el absentismo es un gran problema para las empresa (al empresario le cuesta la situación de IT un 32% aproximado de la base de cotización a la seguridad Social, sin recibir nada a cambio); para la economía española, porque disminuye ostensiblemente la productividad del factor trabajo agregado en la economía, restando competitividad al tejido empresarial y para la Seguridad Social, porque supone un coste inasumible, que se superpone a la situación de déficit insostenible del sistema de pensiones.

Las consecuencias de todo ello se visualizan en los conceptos de productividad/competitividad, renta y producción. La «productividad» como la cantidad de bienes y servicios que puede producir un trabajador en cada hora de trabajo y de la asimilación de dos conceptos: la renta de una economía es su producción. De tal forma que un país puede disfrutar de un elevado nivel de vida únicamente, si puede producir una gran cantidad de bienes y servicios. Estamos supeditado al modelo productivo que tenemos y la productividad /competitividad sólo tienen una incidencia directa en los salarios (generalmente bajos) y el tiempo de trabajo (no conveniente de disminuir), porque la función matemática de la producción desciende cuantitativamente, cuando aquel sube o éste baja. Un inciso, el cambio de modelo económico exige un cambio radical en el sistema educativo y tarda en consolidarse dos generaciones. Sólo se justifica el crecimiento económico actual (2025) en la incidencia del déficit fiscal, que hace que la economía crezca por efectos de este y aumento desmesurado de la deuda pública, lo que es un disparate y una inmoralidad. Todo lo legislado desde 2018 interfiere en los elementales mecanismos de mercado, distorsionando su natural funcionamiento.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia