La tarjeta de la discordia
El Ayuntamiento de Cádiz abre una polémica donde no la hay al eliminar el pago con efectivo en los centros municipales
El populismo gaditano ha encontrado otra bandera para remover conciencias, agitar la demagogia y reivindicar una falsa igualdad. La concejal de Cultura, Lola Cazalilla, acaba de estrenar su cargo con una polémica que ha ido a más y que, sin embargo, no deja de ser ... una gota en mitad de un océano. El anuncio de la Tesorería municipal del Ayuntamiento sobre el pago con tarjeta en los centros públicos que dependen del consistorio ha enojado a la nueva edil que quiere sacar rédito político de esta situación poniéndose del lado de los, supuestamente, más indefensos como si fuera una heroína de película. Cazalilla quiere saber por qué la Tesorería ha tomado esta decisión, que obliga a todos los usuarios de estas instalaciones a pasar por el pago con tarjeta de crédito excluyendo, según ella, a quienes quieren pagar un espectáculo con dinero en efectivo. La edil ha sacado del argumentario de Podemos el discurso social apelando a quienes no tienen tarjeta, caso de familias sin recursos, que quedan fuera de esta iniciativa. La medida de la Tesorería es propia de un municipio desarrollado y avanzado, que quiere evitar a toda costa, por un lado, las reventas y, por otro, cualquier sospecha de fraude en caja. Con las tarjeta se tiene el justificante inmediato de pago y el recorrido de esa transacción deja constancia electrónica, algo más dudoso que cuando se paga con dinero. El pago con tarjeta o con el móvil ya es una constante en cualquier sociedad de consumo avanzada. Cazalilla busca una polémica donde no la hay y quizás habría que preguntar quién no tiene ya una tarjeta de crédito. Si Cazalilla quiere ayudar a los más necesitados que carecen de una tarjeta, quizás deba pensar cómo facilitar su acceso a la cultura. El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) ha valorado la orden de la Tesorería Municipal de no aceptar efectivo en los espacios dependientes del Ayuntamiento de Cádiz como una decisión «técnica» en la que «no debería influir la política». De esta forma, después de que la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, compartiese el pasado martes «el rechazo que ha suscitado por una parte de la ciudadanía», el colectivo de profesionales se posiciona a favor de una medida que consideran «bastante razonable» y en la línea de «lo que dice la ley». Según argumentan, es la tendencia natural en la mayoría de municipios desde hace unos años.
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