Un acto de justicia social y militar

Cuando se utiliza esa fórmula administrativa se piensa inmediatamente en policías locales, nacionales y guardias civiles pero hace muchos años que los integrantes de los tres ejércitos realizan tareas de servicio muy similares, sobre todo cuando se producen episodios relacionados con grandes catástrofes naturales como la que vivimos. Cuando acontecen inundaciones, terremotos, enormes incendios o, como ahora ocurre de forma infrecuente, una pandemia universal se rebela con toda intensidad su papel protagonista en la sociedad actual. Por esa certeza, relativamente reciente, resulta un acierto la decisión del Consejo de Ministros de renovar el reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas tras 16 años. Han permanecido invariables desde el año 2005, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo realmente inexplicable si se compara con otros muchos colectivos profesionales. Esta medida beneficiará a 133.000 militares, de los que unos 11.000 profesionales se encuentran destinados en algunos de los tres ejércitos de la provincia. Es de justicia, y más en esta etapa, que el Ministerio de Defensa haya calificado a los militares como «un pilar institucional del Estado fundamental y al servicio de los ciudadanos, como se ha puesto de manifiesto en las operaciones Balmis y Baluarte». Con esta decisión se honra, parcialmente, a los 120.000 militares españoles actuales –10.000 de ellos en Cádiz–. Es un precedente tan necesario, por más que retrasado e insuficiente, como el que esperan aún los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.