Un agravio lejano

En la práctica, eso vino a suponer barra libre, tabla rasa , para regularizar las viviendas construidas desde hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad. Esas son las llamadas viviendas ilegales, construidas sin permiso ni control y que en municipios como Chiclana, El Puerto, Vejer o Sanlúcar se cuentan por millares .

En aquel texto legal, la Junta decía perseguir «la restitución de la legalidad urbanística» de estas casas para «posibilitar su permanencia». Es decir, que las dejaba estar con el agravio comparativo que eso supuso para los ciudadanos que pagaron en su día todos sus impuestos y servicios urbanísticos, de forma rigurosa y durante muchos años. Los damnificados de esta medida que antes ampararon ya ayuntamientos, socialistas, como el de Chiclana o el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía son todos aquellos que pagaron o deben pagar cada céntimo de la vivienda que compraron, generalmente como segunda residencia.

De este defecto cabe deducir la coherencia del Partido Popular que, si bien renunciaba a la persecución legal de los propietarios de estas viviendas irregulares, tampoco se posicionó con aquella especie de amnistía universal que ahora le viene dada. La misma postura con cinco años de distancia es algo que no suele verse en la vida institucional andaluza y española.

El afán electoralista de todas las iniciativas al respecto ha sido evidente. Ningún ayuntamiento, ningún ejecutivo regional, ha querido enfrentarse nunca a decenas de miles de potenciales votantes. Más aún cuando vivimos en una campaña permanente desde hace casi un lustro. Unos y otros lanzan un guiño a miles de propietarios de grandes núcleos rurales y de ciudades que incluso llegaron a agruparse en partidos que obtuvieron concejales, representación institucional (Chiclana) . Las prudencias de todos y el atrevimiento de ninguno vienen de lejos, de muy lejos.