Responsabilidad

¡Y miren si lo tenía fácil! Si el fulano tuviera un mínimo alumbramiento de inteligencia dentro de su pilosa cabecita, su inmediata dimisión irrevocable -y la manifestación de aceptación de cuantas responsabilidades pudiera reclamársele- hubiera puesto en la picota, por contraste, a la La Cosa Nostra de la otra acera. Y, aunque ya sea un hecho sobradamente evidenciado que el número uno de esa red debió sufrir, de chico, unas graves carencias educativas y afectivas, háganme caso: llega un momento en que hasta la familia de un delincuente, si es reincidente, termina por abandonarlo en el vis-a-vis.

A mayor abundamiento: ¿qué repercusión hubiera tenido, personalmente, para ese infame prolongador de sobremesas, su dimisión? Ninguna. A estas alturas de la película, en la que el director desveló que un Consejo de Magos Negros es capaz de hacer pasar por gente honorable a un par de vulgares rateros, ya somos capaces de vislumbrar que a cualquier desecho político le sale rentable cualquier jugada. Y si hablamos de las cosas de comer, aún lo tenemos más claro. Hemos visto a infladores de globos elevados a la categoría de delegados del gobierno, a concejales-escoltas-porteadores de bolso convertidos en directores generales de agencia autonómica y a analfabetos funcionales como senadores del Reino de España. ¿Alguien duda que ese hombre no acabaría dirigiendo tranquilamente un chiringuito que le asegurara una jubilación digna de Suiza?

Claro, que todo -TODO- cambiaría si acabáramos con el Sistema. No teman, que hoy no vengo a pedir ninguna testa coronada ni la recuperación del Garrote como instrumento sanitario de primer orden. Vengo a referirme, singularmente, al régimen de responsabilidad. Civil, patrimonial y penal.

Algún día me referiré, con detalle, precisión y (si me dejan en casa, aunque esto es difícil) enunciado de nombres y apellidos, casos muy concretos de falta de diligencia y su repercusión en la hoja de servicio del fulano culpable. Como saben, soy abogado y, de esto, algo se. Pero les pido que hoy se conformen con la reseña que quiero hacerles de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (sí, también resuelve injusticias muy de vez en cuando), en la que se anima a la ciudadanía a reclamar daños y perjuicios al Estado por la deficiente y tardía administración de Justicia. El magistrado ponente de dicha sentencia viene a decir que, quizás así, por la vía del pago de indemnizaciones, «los poderes públicos» vean que resulta más rentable invertir para mejorar el servicio en lugar de pagar cuantiosas reparaciones causadas por su tardanza y consecuente inoperancia.

No se contenga la carcajada. Su Señoría sabe perfectamente que «los poderes públicos» no se desvelarán por la noche, jamás, preocupados por el bienestar de la ciudadanía, hasta que abramos el melón y hagamos que la responsabilidad por daño repercuta individualmente en el individuo responsable. Si un médico ha desatendido su obligación, un funcionario ha dejado caducar un expediente o un consejero de confederación hidroeléctrica ha olvidado sus funciones por tener la cabeza en la Luna de Valencia, no deberíamos ser nosotros -el «Estado», es decir, la ciudadanía, con nuestros impuestos- quienes cubramos la espalda al imprudente, al vago o al criminal, sino que debería actuarse directamente contra su peculio, su ático en el Barrio de Salamanca o su participación societaria en la sauna del suegro.

¿Imaginan ustedes, como lo haría el mismísimo John Lennon, qué maravilloso mundo sería? La inútil escombrera arribista se borraría de la «carrera» política, se redactarían normas con sentido común, las listas de espera se reducirían a una semana, los diagnósticos serían certeros, los juicios se celebrarían en los plazos que marca la Ley y a ningún sinvergüenza con ínfulas de virrey se le pasaría por la cabeza torear al contribuyente.

Bendita utopía... Pero no descartemos -del todo- eso del «garrote».