Lo de Muface

Sucede que el gobierno no ha renovado el convenio con las aseguradoras privadas porque estas exigían que la prima por asegurado se ajustara al nivel de inflación, coste de cobertura y demás requisitos que se piden a cualquier hijo de vecino. Pero el ministerio de turno no estaba dispuesto a abonar un céntimo más de los 984 euros anuales por asegurado. Es decir, 82 euros al mes.

Con afán informativo, consulto una nómina de un funcionario de «nivel 26» de la Administración General del Estado y observo que la deducción por MUFACE -es decir, lo que le restan de la nómina- es de 38,91 euros. Si estos datos son correctos, sucede que el erario público (esa máquina exprimidora de autónomos, emprendedores y demás sostenedores del Estado de Bienestar de Algunos) habría venido asumiendo hasta ahora el coste de 43 euros (la diferencia) por aseguramiento de cada «servidor público» para que este, independientemente de su rendimiento, diligencia o eficiencia en la gestión del servicio encomendado, pueda elegir entre una atención médica de primera calidad o aventurarse a morir aguardando turno en la lista de espera.

Continúo informándome y encuentro que, si este mindundi suscribiente decidiera hacerse un seguro «pleno total», tendría que pagar -más o menos- esos 82 euros al mes que la compañía viene cuantificando a tutilimundi. No les oculto que, por primera vez en mi vida, siento en mis carnes la sensación de equipararme en derechos a un aprobador de examen con pátina de eternidad.

En conclusión: que cualquier funcionario podría seguir beneficiándose de la cobertura sanitaria privada por el mismo coste que cualquier administrado. Entonces, ¿dónde está el gravamen? Sobre todo si, como defienden con denuedo, la calidad del servicio público es indiscutible.

Siendo así, lo incomprensible es que no acudan en masa a los ambulatorios y ser debidamente tratados por sus compañeros en la abnegación.

Vengan los aplausos.