Soluciones liberales (III): Estado y responsabilidad

La pandemia, la erupción del volcán, la DANA y ahora los incendios son muestras palpables de un Estado ineficiente e ineficaz. La corrupción generalizada y un menosprecio total a las Cortes Generales (uso abusivo del RD-Ley), amén del empeño de este gobierno de mantenerse en el poder sin presupuestos generales, incurriendo en momentos de crecimiento económico en situación de déficit público, acrecentando hasta límites indecentes e inmorales la deuda pública. Si a ello le sumamos la creación de una administración mastodóntica, donde brilla por su ausencia la racionalidad, objetividad y neutralidad en sus decisiones, habiéndose cargado los sistemas de contrapesos al poder con la colonización de las instituciones…Lo que irremisiblemente nos aleja de los estándares democráticos liberales.

Analicemos la DANA y los incendios en el contexto de la responsabilidad del Estado. Un análisis riguroso parte de la siguiente premisa: las competencias del Estado son irrenunciables y de obligatorio ejercicio. La pregunta que procede hacerse es la siguiente: ¿es necesario que cualquier administración territorial (CCAA o municipios)deba solicitar al Estado que acuda en su auxilio? La respuesta es clara y sin recovecos: no es necesario, ya que el Estado tiene atribuida las competencias conforme dispone la legislación sobre catástrofes, el Estado de alarma o la Ley de Seguridad Nacional. Esta atribuye al gobierno la competencia exclusiva para ese tipo de situaciones. ¿Por qué el ínclito y «mareto» «Snchz» dijo y dice que si las CC AA necesitan ayudas que las pidan? A lo que hay que añadir una absurda legislación constitucional en materia de distribución y atribución de competencias que hace que no se aplique la propia Constitución en los términos dispuestos en el debate constitucional de su redacción. Que no me vengan estos «sozialistas» (como la de Protección Civil) advirtiéndonos que no se nos ocurra criticarlos. El Estado en España es uno, pero administrativamente descentralizado, que crea una compleja pluralidad de administración pública. Lo que impide la aplicación de economías de escalas en muchas facetas administrativas que nos alejan de la eficacia y racionalidad administrativa, lo que supone incurrir en un gravísimo coste de oportunidad. Hemos llegado a tener un Estado ingobernable por su absurda dimensión, dirigido por políticos incapaces (el mérito y la capacidad brillan por su ausencia en la atribución de los puestos asignados), que nos acercan a la situación de Estado fallido, inoperante e irracional.