Déficits

La persistencia de déficit público en España desde 2008 es un hecho. Y ello, a pesar de la infracción constante del artículo 135 CE. Desgraciadamente el déficit de las Administraciones no está en el debate público español. Y si lo está, es para pedir más. Los gobiernos españoles desde 2008, ya sea el del PP y, todavía más el del PSOE, les exigen a Bruselas año tras año que sea comprensiva y nos otorgue más margen para incrementar (o reducir lo mínimo posible) nuestros números rojos. Cuando cae la actividad económica, los estabilizadores automáticos son aquellas partidas de los presupuestos públicos que se ven alteradas de forma automática, para minorar los efectos perversos que tendría esa caída. El significado de «déficit» difiere del de «deuda», el cual es una acumulación de déficits anuales. Sólo el pago del servicio de la deuda este año ascenderá a 24.000 millones. Esa cantidad es casi equivalente al déficit de la Seguridad Social (27.000 millones). Los rojos (números) impiden una gestión racional de los presupuestos. Los negros (números, no los que le hicieron la tesis a «cum fraude), debería ser parte del panorama presupuestario español, mas pronto que tarde.

Pero, sí los déficits públicos son un mal que asola la política presupuestaria española, los democráticos impiden el normal desenvolvimiento de las instituciones. Situación que no podemos explicar acudiendo al recurso del colorido. O quizás sí. La izquierda se mimetiza con el rojo, en cualquier caso. El puño y el capullo, la hoz y el martillo, UGT, CC.OO…, acrónimos, escudos o emblemas que quedan impresos en las respectivas banderas rojas. Desde 2018 el recurso al RD-Ley es un hecho. Más que un déficit es un fraude contra la democracia. En la XII legislatura (apenas 10 meses entre 2018 y 2019) se recurrió al uso y abuso de la institución en 35 ocasiones. Ya en la XIII legislatura que comenzó en 2019, se han aprobado 93, el último de ellos, la reforma de las pensiones. El TC viene exigiendo en doctrina consolidada la existencia de conexión entre la situación de urgencia definida por el Gobierno y la medida concreta adoptada. En ningún caso se puede considerar el RD-Ley como alternativa a la Ley, ni tampoco su transformación en Ley del Parlamento tras su validación. Ello nos debe hacer reflexionar sobre el servicio que presta el Parlamento a España y a los españoles. La pregunta que procede es ¿Para qué sirve el Parlamento? Sí éste no cumple naturalmente las funciones encomendadas por la CE, la democracia se resiente. Y lo hace porque es depositario de la soberanía popular. No sólo el recurso al RD-Ley, también el uso de la Proposición de Ley es mucho menos garantista que los Proyectos de Ley. Podemos observar, en cualquier caso, en un deterioro creciente del procedimiento legislativo (a modo de ejemplo, el recurso a las enmiendas, no para modificar el texto, sino para proponer regulaciones alternativas o que no tienen nada que ver con su contenido). Todo ello nos lleva a calificar de desastre institucional la forma de legislar ahora. La Ley «Emperatriz Sisí» es el colofón del desaguisado: chapuza jurídica que ha perjudicado ostensiblemente a todas las mujeres, a las que «dice» proteger. Otro bochorno parlamentario es el de las «sesiones de control». En un sistema parlamentario, la cuestión es trascendente. A «Snchz» no lo nombra directamente el pueblo español, sino los diputados otorgando su confianza al candidato. Las preguntas y sobre todo las respuestas dadas en las sesiones sólo hacen corroborar el descrédito, la degradación, y el oprobio. Y para rematar la faena de este Gobierno que denigra por sistema la «Política», el Proyecto de Ley de Función Pública, que otorgará al Gobierno la capacidad de crear una Administración afín. Cometerán la fechoría y para eso disponen de seis meses hasta las elecciones. Y entre medio del embrollo, los partidos políticos. Estos se erigen en intermediarios entre las preferencias de los ciudadanos y los servicios públicos prestados. Sí los partidos gobernantes (PSOE, PODEMOS y la retahíla que los apoyan) van a influir en aspectos vinculados al control, a través de los nombramientos de los cargos superiores de las Administraciones…La democracia no puede ser la regla del 51%, porque no se justifica la tiranía de la mayoría. En nombre del pueblo no se puede aplastar las libertades y derechos políticos e individuales los ciudadanos.