Sociedad anónima

Es cierto que la sociedad ha mantenido una suerte de conocimiento de quién o de quiénes pudieran ser esos medios que leíamos, escuchábamos o mirábamos. Y hasta apreciar como cosa fácil el vincularlos a un clan o a un grupo económico más o menos conocido visualizando la composición de sus consejos de administración.

Pero cada día Moncloa nos despierta con un número nuevo. Toca ahora el de la regeneración que, a los cuarenta y tantos años de haberse llevado a cabo por la transición y la consolidación de la democracia, suena cuanto menos a chungo, dicho sea en lenguaje coloquial, de tal modo que la acción gubernamental en busca de la regeneración ha tomado su cayado y ha emprendido su marcha en busca del capital perdido, del quién es quién en cada accionariado, desde el plutócrata más adinerado hasta el más modesto accionista de provincia.

Resulta que estos socialistas, que ya tocaron poder en 1979 y que han ido gobernando desde entonces en el estado central, en las comunidades autónomas, municipios, provincias, cabildos o comarcas, se levantan ahora con que a esta España nuestra hay que regenerarla democráticamente, como si todos los que hemos vivido en ella durante estos largos nueve lustros, incluidos ellos, claro está, hubiéramos caído ahora en un limbo de degenerados a los que hay que regenerar. Ellos, que alcanzaron la Moncloa hace seis años y que llevan desde entonces, según parece, digamos como que viviendo en ese pecado. Y esto huele a chamusquina.

Este miércoles, el presidente, dizque al albur de la normativa europea por trasponer, ha propuesto a sus señorías una pantalla de intenciones para regular la información y, cómo no, aderezándolo con algunos inventos más para el idioma, como lo del «pseudomedio» que, horas después, su locuaz vicepresidenta adobaría con lo del «retuiteo», fruto madurado, supongo, en la extensa factoría de asesores que debe de dar para mucho.

Los tribunales son los que están, entre muchas otras cosas, para resolver si alguien se ha pasado con una noticia que no hubiere sido informada como tuviera que haber sido y, los legisladores, para construir esas normas de aplicación dentro del mandato constitucional.

Es lógico que la prensa, en su quehacer diario, mantenga un principio de veracidad en su información porque, previamente, se somete a un contraste de distintas fuentes para su seguridad y su fiabilidad. Otra cosa será lo de la noticia torticera y, por eso, cuando alguien traspase esa línea y se adentre en el ilícito, allí debe estar la Justicia para corregirle con las leyes aprobadas por las Cortes que, ya que hablamos de esto, bien nos valdría a todos una relectura pausada y consciente del artículo 20 de nuestra Constitución, desde su párrafo 1 hasta el 5. Cuídese nuestra seguridad y defiéndase de toda injerencia espuria del capital o posibles intereses políticos extranjeros, sí, pero conforme a nuestra Ley de Leyes.

Y ya que les hablo de tribunales, lo que no está resultando nada anónimo son las rápidas resoluciones del TC sobre lo de los ERE al determinar en tan poco tiempo que, todo ese ingente trabajo de años llevados a cabo por fiscales y jueces de instrucción, así como de magistrados de la Audiencia Provincial sevillana y hasta del Tribunal Supremo, se haya visto desmoronado en unos pocos días por siete vocales del TC. ¿Cómo pueden estar equivocados tantos magistrados y fiscales y los siete vocales del TC no? Pues eso.