APUNTE
La inflación pone trabas a la obra pública
Media docena de obras han quedado desiertas en Cádiz en el primer trimestre del año por los sobrecostes
La inflación sigue pasando factura al sector de la construcción. El incremento de costes que han experimentado los materiales de obra y los ajustes aplicados en los concursos públicos han terminado por espantar a los empresarios. Prefieren no acudir al concurso. En Cádiz, por ejemplo, media docena de obras no se han ejecutado en el primer trimestre del año.
En total 1,8 millones de euros que no se han gastado. Entre las obras más voluminosas en dique seco destaca la construcción del Archivo Municipal de Rota, cuya inversión superaba el medio millón de euros. El importe de las obras andaluzas desiertas ha sido entre enero y marzo de este año de 28 millones de euros, de los que 1,8 millones corresponden a Cádiz, el 6,5% del total. Esta situación ha llevado a la patronal del sector a exigir cambios en la ley de Contratos y también a solicitar de las administraciones públicas el equilibrio y la adaptación de los pliegos de los concursos a las nuevas necesidades. La crisis de las materias primas y la guerra en Ucrania han traído una subida de precios inasumible.
Ante esta perspectiva económica tan hostil, el número de concursos públicos a los que no se presentó ninguna empresa en 2022 creció un 146%, hasta 7.463 licitaciones se quedaron desiertas el año pasado por un importe total de 5.303 millones de euros. Según los datos de la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, cerca del 95% de las operaciones no incluye una revisión de precios, factor que explica la gran cantidad de licitaciones desiertas. Por regiones, destaca Andalucía, con 1.260 casos, representando un volumen económico por encima de los 570 millones de euros. Le siguen Valencia (870 obras valoradas en 192 millones) y la Comunidad de Madrid (772 contratos públicos sin cubrir por cerca de 3.000 millones de euros). Por el contrario, resalta Navarra con tan solo 24 concursos desiertos, que limita el presupuesto a 3,2 millones de euros.
La negativa de compañías de diversos sectores, que van desde construcción y suministros hasta servicios, a embarcarse en contratos públicos ha hecho saltar las alarmas de la Administración, que ya ha puesto en marcha distintos mecanismos para introducir la revisión de precios en las licitaciones. las empresas privadas denuncian un desajuste económico en el que los presupuestos ofertados son insuficientes y les impide recuperar la inversión debido al incremento de costes operativos.
