Control a los pisos turísticos

Aunque todavía Cádiz capital no padece este fenómeno en las mismas proporciones que las principales ciudades de España, desde el Gobierno municipal que rige Bruno García se ha mostrado su intención de ser estrictos en la concesión de licencias. De hecho, ayer anunciaba el alcalde en la Junta de Gobierno Local que ha solicitado a la Junta de Andalucía la baja de 66 viviendas con fines turísticos (VFT) de un total de 112 que han dado de alta en este primer semestre de 2024. Las 46 restantes podrán seguir operativas, por lo que la capital gaditana cuenta en lo que llevamos de año con casi medio centenar más de viviendas turísticas.

Dejando a un lado la demagogia propia de los partidos situados radicalmente en contra de esta opción, la realidad que plantea la Delegación municipal de Urbanismo es controlar y limitar las viviendas de uso turístico en la ciudad.

De hecho, a finales del año pasado desde el Ayuntamiento ya se solicitó a la Junta la baja de un total de 222 VFT que se dieron de alta a lo largo de 2023. En un trabajo coordinando con la Junta de Andalucía para abordar esta materia, ya se han celebrado reuniones entre ambas administraciones y la intención es rubricar un convenio de colaboración que permita un control exhaustivo de todo lo que se viene haciendo, por la clandestinidad que se pueda producir.

Con esta posición «vigilante», el Ayuntamiento gaditano busca que «se cumpla de manera estricta el planeamiento urbanístico que propuso el anterior equipo de Gobierno».

En los últimos días, el caso de María Muñoz, la anciana de 88 años que iba a ser desahuciada de su hogar en el barrio de El Pópulo, ha servido para poner cara a una situación que padecen algunos gaditanos, cuyas viviendas se iban a destinar a fines turísticos.