Todo vale contra el PP

La vorágine informativa sobre la corrupción económica no debería silenciar la otra corrupción que avanza día tras día con la degradación de las formas políticas que emplean la extrema izquierda y una parte del nacionalismo separatista. Con preocupante normalidad, sus dirigentes hacen apología de condenados por agresiones o reciben con cordialidad cómplice a los agresores de guardias civiles. Ayer, los independentistas de la CUP volvieron a la coacción y la amenaza con un "escrache" ante la sede del PP en Barcelona. El acoso al PP se ha convertido en una práctica habitual de la extrema izquierda, que ha normalizado la justificación de la violencia como una herramienta más de la acción política. Frente a esta deriva inaceptable, el Estado y los partidos políticos democráticos deben reaccionar con contundencia, negando la más mínima legitimación a estas conductas y pasándolas por el filtro de la justicia.

Hay que recordar que existe una Ley de Partidos Políticos que permite la ilegalización de aquellas formaciones que sostengan planteamientos contrarios a los valores de la sociedad democrática. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es precisa en este sentido.

Una democracia avanzada no puede convivir con restricciones a la libertad como la que provocan estos acosos a las sedes del PP. La negación de la legitimidad del adversario político es el paso previo a escenarios de violencia explícita, sobre todo cuanto vienen animados por el furor nacionalista. No sería nuevo en la historia de nuestro país. El fanatismo se hace fuerte en Cataluña, aunque sea minoritario, porque hay un ambiente de desprecio a la ley, al Estado de Derecho y a la democracia, a los que el nacionalismo ha declarado enemigos del pueblo. Los nacionalistas "moderados", que son esos que lanzan la piedra y esconden la mano, vieron ayer, ante la sede del PP, el monstruo que están alimentando, una mezcla de separatismo violento y de extrema izquierda incompatible con la democracia.